El oculto exterminio de patos en Entre Ríos
Entre 2022 y 2023 la población de anátidos en Entre Ríos disminuyó en poco más de 4.000.000 de ejemplares, sumando todas las variantes que habitan en el territorio. Así lo da cuenta un estudio al que accedió ANÁLISIS y fuera solicitado por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo a los fines de tener elementos para permitir la caza menor en 2024. Pese a esta merma, la temporada se habilitó igual, fustigó el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas). La ONG denuncia que realizó una solicitud de acceso a la información pública para conocer detalles de toda esta investigación –de cual se filtró sólo una parte–, pero no tuvo contestación alguna.
Por Silvio Méndez
Autorizar la temporada de caza con la evidencia que su población disminuyó es una “abierta violación al Convenio de Bonn”, sostienen el referente de Ceydas, Gabriel Bonomi al comentar los resultados de un registro de la población de patos en Entre Ríos que trascendió pese al hermetismo oficial. En el estudio se expone que la cantidad de ejemplares pasó de 12 millones en 2022 a poco menos de 8 millones en 2023. Este documento, que se conoce una parte, comenzó a ser mencionado y a circular de forma reservada en el momento que se habilitó la temporada de caza en Entre Ríos. Hasta ahora no ha visto la luz pública en su totalidad.
Entre el 10 de mayo y hasta el 23 de agosto de 2024, en la provincia se abrió la temporada de caza menor. En este período se habilitó la posibilidad de matar a nueve especies de aves: Pato Picazo (5 piezas por cazador por incursión), Pato Barcino (3), Sirirí Pampa (2), Sirirí Colorado (2), Pato Cutirí (2), Pato Maicero (2), Pato de Collar (2) y Pato Capuchino (2). También la Perdiz o Inambú Común (8) y a liebres (4 ejemplares), que se las considera un animal foráneo. La medida oficial levantó un amplio rechazo por parte de las organizaciones socio ambientales. El eje de las críticas se centró en que no había relevamientos científicos que permitan avalar los parámetros de cacería que se estableció la Resolución Nº 997 de la Dirección de Fiscalización y Recursos Naturales que depende de la Secretaría de Agricultura entrerriana. Además de la falta de estudios, se apuntó a la escasez de personal y recursos para llevar adelante las inspecciones, así como la laxitud de los controles sobre el uso de municiones de plomo y las actividades que se llevan adelante en cotos de caza privados bajo los cuales se prestan servicios de diverso tipo a visitantes extranjeros.
En efecto, previendo este tipo de cuestionamientos, el Gobierno provincial convocó a un encuentro que se realizó el 24 de abril pasado en la Sociedad Rural de La Paz. Allí se expusieron ciertos resultados de un estudio sobre poblaciones de patos autóctonos que elaboró el Equipo Monitoreo Adaptativo Fauna Silvestre (EMAFA), que firmaron Jaime Bernardos, de la Universidad de La Pampa; Lucía Bernad, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce; Karen Castro, del Instituto de Biología de Organismos Marinos (Ibiomar); Laura Medero, de INTA Castelar, Julieta Pedrana del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) Mar del Plata; José Manuel Osinalde, de la Dirección de Fauna de Entre Ríos y Julieta von Thüngen, coordinadora.
Oficialmente se consignó que estuvieron presentes en esta disertación funcionarios de distintas áreas, instituciones ambientalistas, fuerzas de seguridad, operadores turísticos, de cotos de caza y público en general. La investigación fue presentada por Von Thüngen y Bernardos, en función del encargo de la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (CATCyC). Justamente Ceydas cuestiona que el trabajo haya sido pagado por quienes promueven la cacería, al tiempo que se quejaron por no asegurarse la “participación ciudadana” de las entidades proteccionistas en esta instancia ni en “ninguna fase” del relevamiento.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1157, del día 19 de diciembre de 2024)
