Sergio Dellepiane
No es ninguna novedad que los denominados “costos laborales” van más allá de los salarios que efectivamente reciben los trabajadores y, por lo mismo, reflejan como las regulaciones del trabajo en relación de dependencia y los sistemas de protección social influyen en los niveles de empleo, sean estos formales, informales o de cuentapropismo registrado o no.
Para cualquier emprendedor que necesita expandir su negocio, los niveles salariales netos se le presentan como “manejables”. El problema surge cuando debe adicionar las contribuciones a la seguridad social, los beneficios obligatorios y demás cargas establecidas por Ley. La cifra final es la que lo hace titubear. De repente, contratar formalmente a alguien cuesta más de lo que parecía.
Un reciente estudio del BID, “Salaried Labor Costs in Latin América and the Caribean” (Mayo 2026) concluye que los empleadores pagan, en esta región del globo, un 50% adicional al salario en costos no salariales. En países como Argentina, Brasil y Perú este porcentaje trepa al 70% hasta cubrir tanto la seguridad social como los mecanismos de protección de empleo.
A la pregunta ¿por qué el empleo formal resulta tan costoso? En cualquier circunstancia, la respuesta se reduce al diseño de las leyes laborales y los sistemas de protección social.
En Economía se habla de “costos laborales no salariales”. Pero estos costos no son simplemente variables de mercado; son, en gran medida, obligaciones legales que buscan proteger a los trabajadores y equilibrar su relación con los empleadores.
Durante el S.XX los países incorporaron derechos sociales básicos, haciendo de los contratos de trabajo, su puerta formal de entrada al mercado laboral.
La paradoja que presenta esta inclusión es que el modelo funciona bien solo en contextos con elevados niveles de empleo formal y creciente demanda de trabajo y trabajadores. Es decir, para Economías en expansión.
En Economías caracterizadas por una alta heterogeneidad de productividad, por regiones y empresas, los costos legales poder convertirse en la espada de Damocles, sobre todo para pequeñas y medianas empresas y/o sectores no tan dinámicos de la economía nacional.
A partir de aquí, la informalidad laboral puede explicarse, al menos parcialmente, como el resultado de altos costos laborales combinados con trabajos de baja productividad.
Si bien, los marcos regulatorios estructuran los incentivos dentro del mercado laboral, las limitaciones de la autoridad competente para hacer cumplir la legislación vigente, las necesidades individuales y los requerimientos de mano de obra, crean el ámbito propicio para mantener las condiciones laborales en “agua de borrajas”.
Para salir del atolladero, hay que poner el ojo, sobre todo, en el diseño de los sistemas de protección social. Las pensiones, la salud y otros beneficios adicionales, dependen principalmente de contribuciones sobre la nómina del empleo formal.
Es bien sabido que, en contextos de alta informalidad, las contribuciones aumentan el costo del empleo formal y es este mayor costo el que incentiva, a su vez, la informalidad que, a renglón seguido hace que disminuyan proporcionalmente los ingresos del sistema de protección social. Círculo vicioso si lo hay.
El Informe citado revela que el 46% de los trabajadores en A.L. son independientes o trabajan en empresas con 5 empleados o menos. Es decir, casi la mitad de los empleados se concentran en actividades con menor capacidad de crecimiento y generación de ingresos.
Desde hace tiempo ha surgido la necesidad de revisar cómo se vinculan el empleo formal y la protección social. No existen muchas alternativas. Fortalecer mecanismos financiados con impuestos generales, avanzar hacia sistemas de protección social más universales, pero de menor cuantía o reducir la dependencia de contribuciones sobre la nómina registrada. Tampoco podemos hacernos los distraídos acerca de la extensión del ciclo vital de los seres humanos que prolonga el período remunerativo por pensión sin contraprestación.
Los avances tecnológicos que evolucionan más rápidamente que nuestras decisiones también nos presentan desafíos ineludibles para todo el género humano, esencialmente con relación a la supervivencia de nuestra especie.
La región envejece a un ritmo acelerado. Las estimaciones más optimistas indican que a partir de 2035 la población de A.L. en edad de trabajar comenzará a disminuir, poniendo fin a ese impulso de crecimiento que durante décadas provino de la expansión de la fuerza laboral.
Estamos en una encrucijada, ninguna de las partes quiere ceder un ápice, pero se nos impone como un deber imperioso buscar alternativas al sistema vigente y alcanzar consensos provechosos para todas las partes que nos permitan evitar el colapso.
Hoy más que nunca se hace necesaria la admonición de José Ortega y Gasset, aquello de “Argentinos, a las cosas” – Meditación del Pueblo Joven – La Plata, 27 de Noviembre de 1939.
De nosotros depende.
