Advirtió sobre "el condicionamiento de la función judicial a través de manifestaciones alejadas de lo que no podemos tolerar como sociedad democrática".
A raíz de la polémica y las movilizaciones que se están gestando por el otorgamiento de la prisión domiciliaria a los hermanos Brian y Alexis Siboldi, la presidenta de la Asociación de la Magistratura y de la Función Judicial de Entre Ríos, Gabriela López Arango, sostuvo que “la magistrada ha resuelto conforme a la Ley y a la Constitución”.
Al respecto, recordó: “Uno de los principios fundantes de cualquier Estado democrático son la igualdad ante la Ley y el principio de inocencia. Todos los ciudadanos tenemos que hacernos cargo del respeto a los mismos, seamos o no funcionarios, hombres o mujeres de derecho, aunque es a todos esos últimos a quienes debe exigirse mayor responsabilidad y mesura, para no fomentar malos entendidos ni situaciones de preocupación, que lejos de aportar soluciones, atentan contra la seguridad, la tolerancia, la paz y la cohesión social”.
En ese sentido, reiteró que hasta tanto se sustancie el juicio, el que se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre: “La jueza dispuso el arresto domiciliario que ya venía siendo solicitado por la defensa y consentido por la Fiscalía, pero además adoptó medidas extras, como es el uso de las tobilleras electrónicas y reforzó la seguridad de los vecinos con una guardia policial en la vivienda. Además, atendió y explicó la situación a los vecinos que manifestaron su preocupación por la situación, dándoles las razones de su decisión. Entiendo que actuó correctamente en todo momento, y aún así recibió un inusual embate”.
En esa línea, recordó que la prisión domiciliaria: “Es un instituto previsto en el código procesal penal provincial y un recurso habitual de la unanimidad de defensores públicos y privados que ejercen el derecho penal en nuestra provincia mientras se sustancian las correspondientes investigaciones y se hace el juicio, que en el caso, será a principios de noviembre”.
“Las decisiones judiciales, como todo acto de la República, son susceptibles de crítica y de revisión, incluso existen carriles reglados y específicos para eso último; pero distinto es el condicionamiento de la función judicial a través de manifestaciones alejadas de lo que no podemos tolerar como sociedad democrática. Por el contrario, queremos jueces y juezas que puedan tomar sus decisiones con seguridad, independencia y firmeza, respetando el estado de derecho, que es lo que ha hecho la Dra. Barbagelata”, concluyó.
