"Nunca hubo ninguna fiscalización ni pedido de informe del Tribunal de Cuentas por la existencia de algún tipo de error en la información que se brindaba, sino todo lo contrario”, afirmó Aizicovich.
Tras el escándalo que generó la nota de tapa de la Revista ANALISIS por la gran cantidad de jubilaciones que se pagaban a personas fallecidas, la directora del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la provincia, Victoria Aizicovich, explicó el mecanismo por el cual se informan estos datos al organismo previsional.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Aizicovich informó que “a partir de mayo de este año existe un convenio suscripto con la Caja de Jubilaciones que intenta brindarle al organismo el acceso inmediato a la carga que se hace de las defunciones en el Registro Civil”. “Nos llega la información de la defunción, se carga la información en nuestro sistema interno y a través de este convenio se le brindan usuarios a los organismos para que puedan acceder a la información de esa defunción, con lo cual es prácticamente inmediato que la Caja acceda a rastrear la búsqueda”, explicitó.
Aizicovich, que está a cargo del Registro Civil desde octubre de 2018, comentó que “en su momento hubo otro convenio que luego quedó en desuso porque el entrecruzamiento de la información con la Caja no se había hecho a través de usuarios sino a través de pedidos de informes y esos pedidos no se hacían al Registro pero la Caja tenia manera de acceder a esa información de manera indirecta por convenios que el Registro tenía con el Banco Bersa que bloqueaba automáticamente las cuentas de esas defunciones; a través del Tribunal de Cuentas que también tiene su sistema de usuarios desde 1997, y para aquellas personas fallecidas fuera de la provincia es a través del Renaper que es el organismo nacional adonde todos los organismos estatales provinciales tenemos la obligación de informar periódicamente las defunciones”.
Ante esto, descartó que la Caja de Jubilaciones pueda argumentar que el Registro Civil no le enviaba la información de las defunciones. “La información siempre está a disposición y a requerimiento de quien tenga un interés legítimo y de los organismos del Estado; luego se hacen estos convenios justamente para que los organismos puedan acceder a esta información de manera más inmediata y para facilitar el acceso a la información entre los organismos porque somos todos parte del Estado”, sentenció.
Del mismo modo, apuntó que “con el IOSPER hubo un convenio que era de 1997 y se renovó en 2017 a través de usuarios, a para aquellas defunciones que no estén cargadas en sistema pueden pedir informes periódicos a través de los sistemas informáticos y se envía toda la información”. De todos modos, remarcó que “la carga hoy en día es inmediata y automática porque está todo digitalizado”.
Respecto de la nota de ANALISIS, la funcionaria afirmó que “como Registro Civil tenemos la información y el deber de conservar y brindar la información a requerimiento siempre y cuando esté dentro de los parámetros de la ley de protección de datos personales, con lo cual la información siempre estuvo a disposición y me sorprende la nota porque es la información que nosotros manejamos y nunca hubo ninguna fiscalización ni pedido de informe del Tribunal de Cuentas por la existencia de algún tipo de error en la información que se brindaba, sino todo lo contrario”.
“Lo que corresponde es fiscalizar y corroborar para evitar que sucedan errores o este tipo de situación de la que da cuenta la nota, pero la información en el Registro Civil la tenemos a disposición y siempre –desde que estoy a cargo- se brinda esa información para que puedan tener acceso inmediato y evitar que se dilate. De todos modos, el manipuleo de la información depende de cada organismo y en los convenios está establecido que la información está protegida por la ley de datos personales y se debe hacer un uso debido de esa información”, planteó.
Por otra parte, mencionó que “en lo que va del año tenemos informadas unas 7.000 defunciones” pero aclaró que “no se puede discernir quiénes de esos son jubilados”.
Asimismo, refirió que “desde que se comenzó a digitalizar, la información está de forma digital desde 2017 y lo de más atrás está en los libros, es decir que la información está a disposición para acceder al dato de las defunciones, pero que eso haya sido o no informado o requerido por la Caja o por cualquier otro organismo, es la consulta que hay que hacer al organismo propiamente dicho”.
