potenciar trabajo

Según la investigación del fiscal Guillermo Marijuan el desfalco al Estado Nacional llegaría a casi ocho mil millones de pesos anuales. El Gobierno de Milei dio de baja a 36.249 beneficiarios.

De ANÁLISIS Son 33 los empleados públicos entrerrianos a los que se les suspendió el cobro irregular del plan Potenciar Trabajo luego de que se detectara que percibían el beneficio y, a la vez, cobraban un sueldo del Estado, lo cual constituye una incompatibilidad. ANÁLISIS reproduce la lista

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió dar de baja 4.588 planes Potenciar Trabajo, porque los beneficiarios eran empleados públicos. El número surgió a partir de una investigación del fiscal Guillermo Marijuan, que cruzó las bases de datos del programa -que ahora controla la nueva cartera de Capital Humano- con las planillas de

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, prepara una resolución para dar de baja a los 8538 empleados públicos de diez provincias que cobran, a la vez, el Potenciar Trabajo, una violación a la norma del mayor programa social que estaba bajo la órbita del ex Ministerio de Desarrollo Social.

La ministra de Capital Humano brindó un mensaje para dar los detalles de la nueva política social que implementará el presidente Milei. “Nadie puede obligarlos a ir a una marcha y es innecesario exponer a los menores”, señaló.

Sólo 9 provincias enviaron la base de datos de sus empleados. Restan 15 distritos y CABA, mientras que el gobierno bonaerense respondió de manera parcial.

La mayoría fueron firmados por Emilio Pérsico, funcionario del Gobierno y uno de los principales referentes de la organización social. “Utilizan a los pobres”, aseguran los dirigentes de Elisa Carrió.

Piden saber si la municipalidad fue cómplice de la mega estafa al estado nacional en el marco de los planes potenciar trabajo.

La información ya fue puesta a disposición de la Justicia que investiga presuntas irregularidades en el mayor plan del Ministerio de Desarrollo Social. En total, 87.555 personas no validaron su identidad como beneficiarios del programa, de las cuales 275 son de Entre Ríos vinculados a los Municipios más otros 148 que fueron administrados por

El juez Ariel Lijo le exigió a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que le envíe la documentación que acredite a qué movimientos sociales pertenecían las 85.000 personas que no validaron su identidad.