Narcolavado y obreros en la calle
El frigorífico Huarte de la ciudad de Victoria está cerrado y con casi un centenar de trabajadores en la calle, sin cobrar. La dueña mayoritaria fue condenada por lavado de activos del narcotráfico, en la causa del Clan Loza que exportaba cocaína a España. Sin embargo, no se ha corrido de la empresa y en Entre Ríos todavía no tuvo consecuencias legales. Una historia que comenzó con la esperanza de la fuente laboral continuó con una sucesión de pesadillas y hoy enfrenta su peor momento.
José Amado
Hace 18 años comenzaron las tratativas para la instalación de un gran frigorífico en la ciudad de Victoria. Lo que podría haber sido un proyecto próspero, dentro de los carriles normales en un rubro donde casi nunca se pierde, con generación de empleo genuino y que derrame beneficios en una población con necesidades estructurales, empezó a los tropiezos con polémicas medidas de la Municipalidad y está hoy en su peor momento: puertas cerradas y decenas de trabajadores llevan dos meses sin cobrar el salario, en medio de una enmarañada batalla legal entre los socios y con los inquilinos. Lo que aparece en el trasfondo de la infortunada historia del Frigorífico Guillermo Huarte es el accionar de la socia mayoritaria que compró las acciones para lavar el dinero de una banda narco que traficaba cocaína a Europa y, pese a haber sido condenada por este grave delito, continuó con maniobras que habrían perjudicado a la empresa, a su socio y a los trabajadores. Tampoco asoma una solución judicial o política al conflicto para que se retome la faena, mientras aparecen en el horizonte posibles nuevos inquilinos de peso en el mercado nacional.
Estela Mari Gallo fue sentenciada a seis años de prisión por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 en el año 2021, tras el juicio en el que también fueron condenadas otras nueve personas que integraban el denominado “clan Loza”, un grupo familiar con socios y cómplices que viajaban con cientos de kilos de cocaína semanalmente a España y regresaban con valijas repletas de dólares. Estas fortunas eran ingresadas en el circuito legal en Argentina mediante la compra de inmuebles, vehículos (entre ellos la Ferrari de Maradona) y empresas, a través de sociedades fantasmas que eran constituidas con ese fin. Gallo, oriunda de Córdoba, residente en Mar del Plata pero que frecuenta hace muchos años la ciudad de Victoria, era una pieza clave en el entramado de lavado de activos, según aquella sentencia que fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal. Ella es quien adquirió acciones del frigorífico para luego intentar justificar la compra de una gran cantidad de bienes, lo cual no resultó creíble para los jueces que la condenaron. Actualmente, enfrenta denuncias de su socio, el productor agropecuario Marcelo Bosio, por continuar con las maniobras de lavado de activos mediante facturaciones multimillonarias y otros sucesos en una trama turbia que pareciera que nadie puede parar.
Mientras, los trabajadores están en la calle y sus familias sin un peso.
Sobre los orígenes de la planta, en Victoria se cuenta que el exintendente César Garcilazo, por el año 2009, quería dejar la intendencia con un frigorífico en marcha, cueste lo que cueste. Hacía cinco años que había sido inaugurado el enlace vial Victoria-Rosario y la promesa de prosperidad y lluvia de inversiones todavía no se veía en las Siete Colinas. El empresario cárnico Luis Guillermo Huarte, oriundo de Buenos Aires, con cierta trayectoria en el rubro, también quería dejar un legado, como podría ser un frigorífico que llevara su nombre. Se asoció con un productor ganadero de la provincia de Santa Fe, Marcelo Bosio, a quien le compraba en su feedlot entre dos y tres jaulas por semana, ganado que luego era faenado en Agroflex SA de la provincia de Buenos Aires. Ambos reunieron el dinero para la inversión y crearon la firma Guillermo Huarte SA, con 50% de acciones cada uno. Trataron con Garcilazo para localizar la industria en Victoria, a 60 kilómetros del gran conglomerado portuario rosarino, favorable para los sueños de exportación de reses.
La construcción del frigorífico avanzó hasta un 80%, sobre un terreno municipal en las inmediaciones del Hipódromo de Victoria con el visto bueno del entonces intendente. Al momento de aprobar la cesión del predio, Garcilazo se encontró con la oposición del Consejo Deliberante: concejales y profesionales que debían poner el gancho no querían quedar pegados a una maniobra que les parecía extraña, de una sociedad que se había constituido con un capital inicial bastante exiguo para la empresa que encaraban: 12.000 pesos para una inversión de 2,3 millones de dólares. Además, Huarte figuraba como monotributista de la categoría K.
El intendente avanzó igual recurriendo a una normativa vetusta que permitía entregar terrenos fiscales con cinco años de gracia y a pagar en cómodas cuotas. Aquella ordenanza tenía como objetivo las familias carenciadas y sin techo, no empresarios. En 2012 finalmente el Concejo Deliberante aprobó la venta directa del inmueble de cuatro hectáreas de uso industrial. El frigorífico ya evidenciaba un avance importante en su construcción, aunque ya había problemas entre los socios, porque Bosio hacía todo el aporte de capital mediante la venta de campos y hacienda.
En ese tiempo, Huarte realiza una maniobra que comprometió la situación del frigorífico hacia los años venideros: constituyó una sociedad llamada “Frigorífico Guillermo Huarte SA” y se la vendió a Estela Gallo. Bosio, sin saber quién era su nueva socia que ingresó en forma inconsulta de parte de Huarte a la sociedad del Frigorífico, inició juicios por el recupero de sus acciones, los ganó y avanzó en el reordenamiento de las dos firmas, quedando con un 30% del capital total de las dos razones sociales (Guillermo Huarte SA y Frigorífico Guillermo Huarte SA). Del viejo Huarte solo quedaba su nombre, quedó afuera de la empresa por maniobras ilícitas y el frigorífico se inauguró y comenzó a funcionar. No sin antes tener que abonar un crédito del Banco Nación de 1,5 millón dólares por una hipoteca que había contraído Huarte, con el permiso de Gallo, para evitar que la planta sea rematada. También tuvieron que llegar a acuerdos por 120 juicios laborales que existían a través de varios estudios jurídicos.
En los años siguientes, Gallo constituía sociedades, compraba bienes inmuebles y realizaba todo tipo de inversiones a troche y moche, con la plata que su expareja Miguel Ángel Suárez ingresaba al país desde España, producto del contrabando de cientos de kilos de cocaína mensualmente. La cabeza de esta organización era el denominado Clan Loza. Gallo pretendió justificar la compra compulsiva mediante las ganancias del frigorífico, específicamente de Huarte, quien en rigor solo acumulaba deudas y más deudas. La plata viajaba desde Europa a Buenos Aires, y desde Buenos Aires a Victoria, dentro de bolsos. Se pagaba a proveedores, constructores y corralones con un billete arriba del otro, según recuerdan testigos de esos momentos.
Alrededor del año 2018, la socia mayoritaria mete en el juego a dos personajes que chocaron el frigorífico, según las denuncias que se vienen presentando en la Justicia: Luis César Flores y Horacio José Panasci como administradores y gerenciadores. Constituyeron sociedades varias como Comercial Meet, Frigorífico Ludina, Grupo Export, entre otras que, según se cree, Gallo creaba a través de supuestos testaferros, hacia donde desviaban los fondos. Bosio fue a la Justicia y denunció el vaciamiento de la empresa, porque nunca se le informaban los estados contables ni los movimientos, a pesar de reiteradas cartas documentos y otras acciones.
Cuando la situación con Panasci y Flores no daba para más debido a una multiplicidad de maniobras denunciadas que plagaban de irregularidades el funcionamiento de la empresa, Gallo y Bossio los desplazan y realizan un nuevo contrato de alquiler con Inmat SA, vinculada a un nuevo personaje que tampoco iba a traer transparencia al negocio: Ramón Juárez. En el contrato le exigían depósito de caución, anticipo de alquileres, etcétera. A los dos meses, Gallo revela un vínculo de bastante confianza con Juárez y le concede condiciones inmejorables para el alquiler, y le da un poder con amplias facultades para administrar el frigorífico sin la obligación de hacer depósitos de dinero, ni contratar seguro de caución, ni exigir ART, según las denuncias presentadas en la Justicia.
Juárez, un matarife bonaerense que llegaba con un alto índice de faena, empezó a manejar la firma Guillermo Huarte SA a discreción y nombró como presidente a su chofer. En este momento, según denuncia Bosio, empiezan las facturaciones escandalosas, paralelamente a la actividad irregular de la empresa, acumulando grandes deudas, sin pagar los salarios al personal, ni los alquileres, ni a los proveedores. Se sospecha que sacaban fortunas a través de billeteras virtuales y cuentas que solo ellos manejaban, sin el conocimiento de Bosio. Otro episodio que fue presentado en Fiscalía fue la desaparición de ocho computadoras de las oficinas del frigorífico donde se encontraría prueba sensible sobre esas maniobras irregulares. La actuación judicial dejó a Bosio con un sabor amargo, ya que no fue considerado un delito la sustracción de las computadoras y se delegó el problema al fuero civil y comercial.
Juárez creó después otra empresa que se llamó Establecimiento Frigorífico Victoria SA, con la cual se celebró el segundo alquiler. En esta etapa, señalan que lo más preocupante fueron las facturaciones de enormes sumas de dinero cuyo destino se desconoce, sin siquiera tener cuentas corrientes bancarias, al tiempo que crecían los incumplimientos con proveedores, empleados y el fisco. Ni siquiera pagaban la luz y las facturas impagas de Enersa llegaron a niveles insostenibles hasta que en junio se acabó la paciencia y se interrumpió el suministro eléctrico. ¿Dónde fue a parar toda la plata? La situación volvió a complicarse con el fallecimiento de Juárez, hace aproximadamente dos meses.
Se pueden inferir una sucesión de delitos de diferente índole, que la Justicia podría investigar.
Según se informó desde el Ministerio Público Fiscal, el año pasado se recibieron decenas de denuncias cruzadas entre los diferentes actores de esta trama, y este año nuevamente volvieron a registrarse presentaciones policiales y judiciales. La Fiscalía remitió al Juzgado Federal de Victoria algunas actuaciones teniendo en cuenta el precedente de la condena a Gallo por la vado de activos.
Con el narco no hay futuro
El quiebre en el proyecto del frigorífico sucedió con la venta de las acciones de Huarte a Gallo a través de una sociedad casi homónima. ¿Cómo se conocieron un hombre del rubro cárnico con una mujer que fraguaba sociedades para una banda narco? No está claro. Sí resulta evidente que los bolsos rebosantes de billetes verdes anulaban cualquier pregunta con tal de poner en marcha la faena.
Estela Mari Gallo es una mujer de 61 años, nacida en la provincia de Córdoba, muy amable y educada según quienes la tratan en la ciudad de Victoria, cada vez que viaja y se aloja en un hotel o se sienta en una mesa del Café Martínez. Estuvo presa unos años en el Penal Federal de Ezeiza y hoy se encuentra libre, aunque recibió una condena de seis años de prisión. Según la Justicia Federal, fue una pieza clave de la banda que se dedicaba al “tráfico ilícito de estupefacientes, especialmente el contrabando desde la Argentina hacia el Reino de España, el contrabando de divisas desde Europa al territorio nacional y el manejo de los fondos producidos en pos de mantener vigente la estructura delictiva, cuyo funcionamiento fue al menos desde el año 2008 al 2018”, según la acusación de la Fiscalía. A ella le imputaron en total 16 hechos de lavado del dinero que su entonces pareja, Miguel Ángel Suárez (un conocido jugador y prestamista de Mar del Plata) se encargaba de traer desde el Viejo Continente.
Es decir, cuando la mujer ingresa al frigorífico, eran los años de mayor despliegue de aquella organización narco trasnacional.
Gallo esgrimió una defensa que no fue creída por la Justicia: que todo lo que hacía era invertir el dinero que ella creía legítimamente ganado. Justificó el origen de los fondos de sus inversiones en bonos públicos que su expareja había comprado en el año 2022. Dijo que había sido pareja de Suárez desde la década de los ’80 y que luego de la separación cada uno continuó con su vida. Luego conoció a Guillermo Huarte, con quien emprendió negocios en el rubro de la carne, que construyeron el frigorífico en el parque industrial de Victoria y que ella se hizo cargo tras un infarto sufrido por el socio. Recordó que esta empresa comenzó con una ordenanza municipal y la utilización de predios fiscales, se realizó una explotación integral de la producción cárnica, y de subproductos fruto de la faena, todo bajo un plan de exención de impuestos como el de Ingresos Brutos.
Para la Fiscalía, que tuvo la colaboración de la Procuración de Lavado de Activos (PROCELAC), Huarte y sus empresas eran una extensión de Gallo y Suárez. “Huarte y sus sociedades con Gallo no podrían haber financiado las adquisiciones de Gallo y de sus otras sociedades aquí investigadas, por la sencilla razón de que todo lo vinculado a Huarte y Gallo arrojaba una cantidad tal de deudas que una hipótesis tal resulta directamente inimaginable”, afirmaron los acusadores. Eran tanto deudas particulares como con AFIP. “Nadie estaría dispuesto a creer que Gallo financiaba sola a Huarte, prestándole dinero. El que financiaba todo era, naturalmente, Suárez, con el dinero que producían sus actividades con el narcotráfico”, agregaron.
En la sentencia del TOF Penal Económico 3, que impuso condenas de hasta 10 años de prisión, se puede leer no solo los detalles las maniobras de la organización, sino la magnitud de sus inversiones: les decomisaron 68 bienes, entre casas, departamentos, terrenos, campos, autos, camionetas y camiones, además del dinero secuestrado en los allanamientos. Fue una investigación que había comenzado en noviembre de 2017 con la detención de dos personas provenientes de Madrid en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando intentaban ingresar al país con 365.800 euros ocultos en tres valijas. A partir de allí, a nivel internacional se desplegó un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) compuesto por Argentina, España e Italia.
Si bien la banda fue desarticulada en 2018, y condenada en 2021, en el año 2013 Suárez había quedado involucrado en una causa por narcotráfico, en la cual fue detenido exconcejal de Malvinas Argentinas (provincia de Buenos Aires) José Marcelo Duarte en su casa de un barrio cerrado con 53,5 kilos de cocaína. Suárez fue arrestado mientras se encontraba alojado en un hotel en la ciudad de Victoria.
¿Ninguna autoridad política o judicial de la ciudad de Victoria advirtió jamás la presencia y las operaciones de estos personajes vinculados a las grandes ligas del narcotráfico en esta localidad? La investigación judicial había revelado que adquirían el kilo de cocaína en 1.000 o 1.200 dólares en Bolivia y que los ubicaban en Europa a 28.000. El volumen de ganancias a lo largo del tiempo es incalculable y solo una pequeña porción es lo que se puede encontrar en las decenas de inmuebles y vehículos que les fueron decomisados al clan Loza y a Suárez-Gallo. En Victoria, según un testigo del juicio, Gallo también había comprado una chacra de 30 hectáreas para montar un emprendimiento avícola, que finalmente no funcionó.
Además de los seis años de prisión efectiva, a Gallo le impusieron la pena de “inhabilitación absoluta y privación de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos”. Es decir, no puede vender, donar ni administrar sus bienes por sí misma, solo mediante un curador designado por un juez. Esto no parecería estar cumpliéndose en el caso del Frigorífico.
Hoy el frigorífico está cerrado y paralizado en un momento en que la industria cárnica marcha viento en popa, con una gran demanda y no mucha oferta. Quienes están pagando los platos rotos de las aventuras de una banda narco son más de 100 familias que hoy no tienen cómo subsistir.
En el horizonte aparecen empresarios del rubro muy conocidos y con amplia trayectoria a nivel nacional, que quieren hacerse cargo de una planta moderna y con alta capacidad de faena y las expectativas de poder exportar. Sería una gran noticia para los obreros y para todo Victoria. Pero la realidad es que nadie quiere sentarse a firmar nada con Estela Mari Gallo.
Publicado en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1172, del día 16 de julio de 2026.
