El secretario de Modernización del Gobierno de Entre Ríos, Emanuel Gainza, analizó la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados por el proyecto de ley de transformación digital del Estado provincial, e hizo un balance de la votación en medio de los cuestionamientos planteados por la oposición. Explicó que la iniciativa se enmarca en un plan de modernización que la gestión provincial viene desarrollando desde hace casi tres años, con la implementación del expediente electrónico, un plan de conectividad y la plataforma Mi Entre Ríos para trámites ciudadanos.
"Claramente, a medida que fuimos implementando esas acciones, empiezan a surgir todo el tiempo un montón de trabas que tienen que ver con un marco normativo, con un montón de leyes (...) que estaban pensadas para un mundo cien por ciento de papel", explicó Gainza. Precisó que la norma recientemente aprobada busca dotar al Estado provincial de "un gobierno que empieza a ser digital y que abandone el papel", con herramientas concretas como la firma digital y el fin de la exigencia reiterada de la misma documentación en distintos trámites.
En diálogo con Un martillo para darle forma - Radio Plaza, el funcionario respondió a uno de los principales cuestionamientos de la oposición: la posibilidad de contratación directa que habilita la norma, particularmente para la adquisición de tecnología. Aclaró primero que la ley no modifica ni reemplaza los controles constitucionales existentes: "Hay una contratación previa, que es la que hace Contaduría, y una posterior que hace el Tribunal de Cuentas. Eso es un mandato constitucional y tenemos una ley de procedimiento que no se está modificando".
Gainza también cruzó directamente a la oposición por el estado en que, según su relato, la actual gestión recibió al Estado provincial en materia digital. "Hay que sincerar la realidad con la que nosotros recibimos el Estado provincial: cuando nosotros llegamos al gobierno, todos los expedientes son papel, no había plataforma de ciudadanía digital, no había un plan de conectividad. Son necesidades de esta ley que van surgiendo precisamente porque hay un Estado que se está modernizando, actualizando, como no se hizo durante 20 años en el pasado", planteó. Remarcó que, si bien valora los aportes y sugerencias de la oposición, "también hay que ser muy sinceros y responsabilizarse de la experiencia que hayan tenido en gobierno" durante esas dos décadas en las que —a su criterio— este tipo de reformas no se impulsaron.
El problema de contratar tecnología sin mecanismo de pago anticipado
Gainza explicó con un ejemplo cotidiano el vacío normativo que la ley busca resolver: "imaginate vos en tu vida privada (...) vos le contratás a Google tu casilla de correo. No hay una opción argentina, local (...) el gobierno provincial no puede realizar, no hay ningún mecanismo para contratar tecnología de manera anticipada". Detalló que, bajo la normativa vigente —con más de 40 años de antigüedad—, el Estado provincial está obligado a contratar intermediarios que pagan con tarjeta de crédito particular y luego revenden el servicio al Gobierno "a tres, cuatro, cinco veces más caro". Remarcó que se trata de una modalidad de pago anticipado que ya prevén otras jurisdicciones argentinas: "si uno toma en referencia leyes que tiene la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, todas las provincias que hoy son digitales, absolutamente todas prevén un mecanismo de contratación con tarjeta de crédito".
La respuesta a los planteos de la diputada Laura Stratta
Consultado sobre los cuestionamientos de la diputada Laura Stratta respecto a que no se habría contemplado la soberanía de los datos en el dictamen, Gainza explicó que el proyecto incorporó modificaciones, en su mayoría propuestas por el propio bloque de La Libertad Avanza, entre ellas un artículo nuevo vinculado a la protección de los derechos de los trabajadores, surgido de reuniones con UPCN y su secretaria general, Karina Domínguez. Puso como ejemplo concreto la situación actual del correo electrónico institucional del Estado provincial: "La herramienta que usamos para correo electrónico en la provincia es una herramienta gratuita, con cero seguridad", lo que —explicó— lleva a que los empleados públicos utilicen cuentas particulares para trabajar, sin trazabilidad ni seguridad, y con pérdida total de esa información institucional cuando el trabajador se desvincula, tal como —según relató— ocurrió cuando asumió la actual gestión en 2023.
Sobre el reclamo puntual por la soberanía de los datos, fue categórico: "Nosotros tenemos una ley provincial que adhiere a la ley de protección de datos personales a nivel nacional (...) no estamos cambiando en ninguna parte de la ley, no dice que los datos se van a alojar afuera, ni que nosotros estamos planteando que esa documentación e información no quede en la provincia". Agregó que el articulado aprobado establece expresamente que todos los datos de la provincia "son datos de carácter público, bajo la titularidad, la custodia y la gestión estatal". Cuestionó, además, que la oposición no haya destacado aspectos que consideró positivos de la norma, como el principio de no volver a solicitar documentación ya presentada, o el hecho de que, una vez aprobada en el Senado, "no se va a poder volver al papel".
Expectativa de aprobación en el Senado
Consultado sobre las chances de que el proyecto se convierta en ley sin modificaciones sustanciales en la Cámara alta, Gainza se mostró confiado: "Creo que sí, creo que va a ser aprobado en el Senado, porque los argumentos que planteamos son argumentos que en la práctica hoy de alguna manera bloquean y limitan mucho el Estado en términos digitales". Remarcó que la iniciativa fue trabajada también junto al secretario Legal y Técnico y con la Contaduría provincial, y calculó que el tratamiento en el Senado podría producirse "en las próximas tres semanas".
Ejemplos concretos del avance y las trabas pendientes
Consultado sobre un balance más cotidiano del proceso de digitalización, Gainza compartió una buena y una mala noticia. La buena: el pago de patentes hoy actualiza el libre deuda de forma inmediata, cuando antes demoraba varios días en reflejarse. La mala: pese a la digitalización de ciertos trámites —como el de pauta periodística—, en algunos casos los propios medios de comunicación siguen teniendo que imprimir documentación, no porque el Estado lo exija directamente, sino por controles internos de contadores, síndicos y auditores que hasta ahora no reconocían la validez del formato digital. Explicó que la ley aprobada incluye un capítulo específico para equiparar la validez legal de la documentación digital con la de papel, de la firma hológrafa con la firma digital, y del domicilio real con el domicilio digital constituido electrónicamente. "El Estado es la única institución que hoy te sigue exigiendo que no puedas tener un domicilio constituido electrónicamente como válido para un montón de trámites", cuestionó.
Gainza graficó además el alcance concreto de la limitación actual sobre herramientas tecnológicas: "Una cuenta de e-mail que quiera utilizar cualquier IA, ChatGPT, Anthropic, Claude, Gemini, no puede usar ninguna, porque el Estado provincial no puede comprar sistemas digitales a través de esta herramienta", una limitación que, remarcó, la nueva ley busca modificar.
