Reunión de la Comisión Educación, Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja provincial.
El gobierno consiguió este martes dictamen de mayoría para el proyecto de Transformación e Innovación Digital impulsado por el Poder Ejecutivo, que quedaría en condiciones de ser tratado este miércoles en la Cámara de Diputados. La oposición denunció que no fueron incorporadas las modificaciones planteadas durante el debate. La iniciativa habilita contrataciones directas de tecnología y mantiene interrogantes sobre soberanía y protección de datos. El justicialismo anticipó un dictamen de minoría.
Luego de tres semanas sin reuniones de la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja, el oficialismo aceleró este martes el tratamiento del proyecto de Transformación e Innovación Digital y consiguió despacho de mayoría para llevar la iniciativa al recinto.
El avance se produjo sin acuerdo con la oposición, que cuestionó que las observaciones realizadas durante las reuniones anteriores no hayan sido incorporadas al texto. El proyecto había quedado bajo análisis luego de que el propio oficialismo invitara a los bloques opositores y a distintos sectores a presentar propuestas de modificación, consignó la agencia periodística AIM.
La iniciativa del Poder Ejecutivo plantea una transformación de los procedimientos administrativos de la provincia y concentra en la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación amplias facultades para definir cómo y bajo qué condiciones los organismos estatales deberán avanzar con la digitalización.
Sin embargo, uno de los puntos que generó mayores reparos durante el debate fue el régimen previsto para la contratación de software y servicios tecnológicos, que habilita mecanismos de contratación directa. También se cuestionó la falta de mayores precisiones sobre soberanía de datos, auditorías independientes y controles sobre el almacenamiento y tratamiento de información de los entrerrianos.
Durante la reunión, la presidenta de la comisión, Susana Pérez, reconoció que las posiciones entre los bloques estaban distanciadas. “Evidentemente no vamos a llegar a un consenso, la decisión está tomada”, afirmó.
La diputada Andrea Zoff cuestionó, además, los tiempos impuestos para cerrar el debate. “No tuvimos oportunidad de analizar el texto, hace tres semanas que no se convoca a reunión de comisiones”, planteó.
Stratta: “Las modificaciones no fueron tenidas en cuenta”
La presidenta del bloque Más para Entre Ríos, Laura Stratta, apuntó directamente contra la decisión del oficialismo de avanzar con el despacho sin incorporar los cambios reclamados: “Las modificaciones que se propusieron no fueron tenidas en cuenta a la hora de construir un dictamen”.
En ese marco, Stratta sostuvo que el problema no radica en discutir la modernización del Estado, sino en el alcance que el Ejecutivo pretende darle a la normativa. “Si ustedes quieren hacer una modificación a la Ley de Contrataciones del Estado y no construir de verdad un Estado moderno, eficiente y profesionalizado, sigan con este dictamen”, cuestionó, detalló la agencia periodística AIM.
La legisladora también puso el foco sobre aspectos que, según advirtió, no están suficientemente contemplados en el proyecto. Entre ellos mencionó la soberanía de los datos y las condiciones tecnológicas bajo las cuales funcionará la transformación digital.
“El proyecto no esboza cuestiones que debe legislar a la hora de la modernización y la digitalización: soberanía de datos y cuestiones tecnológicas”, señaló.
En ese marco, Stratta anticipó que la oposición avanzará con una propuesta propia. “Si la reunión de hoy es para contestar por qué no tomaron las modificaciones que se propusieron oportunamente, nosotros hacemos un dictamen de minoría donde contemplaremos cuestiones centrales y neurálgicas”, expresó.
“Se genera una dependencia tecnológica si no se legisla. Creemos en modernizar, pero tenemos otra mirada”, remarcó.
Contrataciones directas y controles
Otro de los puntos cuestionados es la posibilidad de realizar contrataciones directas vinculadas con herramientas y servicios tecnológicos.
La diputada Silvia Moreno advirtió sobre la contradicción que, a criterio de la oposición, existe entre el discurso oficial de transparencia y la flexibilización de los mecanismos de contratación: “Con la compra directa, ¿no hay un retroceso en la trazabilidad cuando hablan de transparencia? ¿Cuál será el tope de la compra? ¿Quién lo va a controlar? Habilitamos a que usen la plata de los entrerrianos y no se sabe quién lo controlará”, cuestionó.
El punto ya había generado controversia en las reuniones anteriores. Según publicó AIM, el proyecto contempla un régimen que habilita la contratación directa de software y servicios tecnológicos, incluso servicios en la nube, mientras que buena parte de las condiciones y controles posteriores quedarían sujetos a la reglamentación del Poder Ejecutivo, señaló la agencia periodística AIM.
A ello se suma que el texto no establece una cláusula específica de soberanía de datos que determine bajo qué jurisdicción deberán almacenarse determinados datos públicos y personales, ni crea una autoridad de protección de datos con independencia funcional del Ejecutivo.
Durante el debate previo también se había advertido que la misma autoridad encargada de impulsar la transformación digital tendría amplias facultades para definir su implementación, mientras aspectos centrales quedarían para una reglamentación posterior.
Los trabajadores, otro eje de discusión
Los derechos laborales también atravesaron el tratamiento del proyecto. UPCN había participado de las reuniones de comisión y reclamó cambios para impedir que la incorporación de nuevas tecnologías, automatización e inteligencia artificial pueda derivar en modificaciones unilaterales de las funciones o condiciones laborales de los estatales.
El sindicato planteó que toda transformación sustancial de las tareas debe ser previamente discutida con las organizaciones gremiales y reclamó garantías de capacitación, reconversión laboral, asistencia humana frente a la brecha digital y reconocimiento salarial cuando las nuevas herramientas impliquen mayores responsabilidades. También propuso incorporar mecanismos de supervisión ética y control sobre las tecnologías digitales y la inteligencia artificial, publicó la agencia periodística AIM.
Ante esos planteos, Pérez sostuvo durante la reunión que el proyecto incorpora una garantía respecto de los empleados públicos: “La implementación de la presente Ley no afecta los derechos y garantías de los trabajadores provinciales. El Estado provincial garantiza la capacitación y provisión de las herramientas necesarias para las transformaciones alcanzadas de los procesos de transformación digital”.
Sin embargo, desde UPCN habían advertido previamente que una formulación general no resulta suficiente y reclamaron garantías concretas dentro del articulado.
Un proyecto que llegaría al recinto sin consenso
Con el despacho de mayoría, el oficialismo dejó encaminada una iniciativa que podría ser tratada este miércoles por la Cámara de Diputados después de un debate atravesado por cuestionamientos políticos, sindicales y técnicos.
La discusión excede la digitalización de expedientes o la eliminación del papel. En el centro del conflicto quedaron las facultades que tendrá el Ejecutivo para contratar tecnología, administrar información, definir los sistemas utilizados por el Estado y establecer por reglamentación aspectos centrales de la transformación digital.
La oposición sostiene que modernizar el Estado no puede implicar entregar facultades discrecionales al Ejecutivo ni reducir controles sobre la utilización de recursos públicos y datos de los ciudadanos, indicó la agencia periodística AIM.
El oficialismo, en cambio, defiende la necesidad de contar con una herramienta normativa que permita acelerar la transformación tecnológica de la administración provincial.
Este miércoles, si finalmente el proyecto es incorporado al temario de la sesión, esa discusión pasará de la comisión al recinto de Diputados.
