El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos (CMER) atraviesa momentos de agitación institucional. La sanción de la ley que lo reformó, el tratamiento exprés que recibió la normativa y los cambios sobre el funcionamiento y conformación del organismo, pusieron en alerta a sectores de la comunidad judicial y política.
Es un contexto de cuestionamientos duros, que ha provocado numerosas impugnaciones a los concursos, y renuncias de jurados técnicos. Tal es el caso de los exámenes para cubrir la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, donde se produjeron impugnaciones a los llamados a concursos y renunciaron, al menos, cinco profesionales convocados como jurados: Carlos María Álvarez; Gabriel Eduardo Pérez Barberá (que argumentó cuestiones personales); Miguel Ángel Federik; Germán Alberto Coronel; y Roberto Beherán.
En esta escena de disputa se conoció, también, una acción de inconstitucionalidad que presentó una ONG contra la Ley 11.003 que reconfiguró el organismo. Se apuntó, fundamentalmente, a un supuesto “avance” del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que tiene como objetivo a priori “vaciar” el Consejo de la Magistratura con el último fin de “limitar futuras investigaciones por corrupción” en Entre Ríos. Las críticas tienen que ver, entre otras, con la conformación de bancos de casos para los exámenes. Además, se abrieron debates en torno a designaciones sin respetar órdenes de mérito.
Bajas de jurado en concursos para cubrir Defensorías
Renunció Ana Clara Pauletti, vocal de la Sala Civil y Comercial de Apelaciones de Gualeguaychú, que había sido designada como jurado técnico en los concursos 276 y 277 para cubrir tres cargos de defensor público con competencia civil y comercial en Paraná y un cargo de defensor público con competencia civil y comercial para Concepción del Uruguay.
El texto ya fue presentado ante el Consejo de la Magistratura. La jueza, que ejerció el rol de jurado en diversos concursos del organismo e incluso accedió a su actual cargo de camarista mediante el viejo sistema concursal, renunció a la encomienda por las “actuales circunstancias” que atraviesa el organismo.
“Las actuales circunstancias me imponen no convalidar con mi participación, la lamentable involución que apareja la reforma impuesta por Ley N° 11.003”, apuntó en el texto al que accedió ANÁLISIS. Agregó que “dicha normativa discutida y sancionada con una urgencia inexplicada, lejos de mejorar los puntuales problemas que reclamaban meditadas y consensuadas soluciones, deparó un retroceso en el método de selección, afectando los principios de máxima idoneidad, igualdad de oportunidades, objetividad, transparencia y debido proceso y con ello el alto propósito de independencia judicial”.
La abogada no desarrolló “los cuestionamientos que me merece la aludida ley, dado el acotado objetivo que tiene la presente”. Sí se ocupó de argumentar en particular “Como jurado técnico, el banco de casos condiciona con parámetros subjetivos ajenos y desconocidos la tarea evaluadora. Baja a su vez la vara para los concursantes en su preparación para el examen, al optarse por un esquema de evaluación memorístico basado en el conocimiento previo de esos casos, de cuya inteligencia y calidad, nadie es responsable, porque en definitiva esto queda diluido en la cadena de colaboraciones que implicaron su armado, en el que participaron incluso eventuales postulantes a los cargos”.
Por último, consideró que las reformas implementadas reclaman un “debate amplio y serio que no tuvo la Ley 11.003, lo cual fundamenta el rechazo del cargo arriba anunciado”.
