Ángel Vázquez (campera roja) es nuevamente candidato a intendente de San Benito. A su lado, José Luis Cogno. (Foto: ANÁLISIS)
N.B. de ANÁLISIS
El fiscal Ignacio Aramberry, encargado de llevar la acusación contra el exintendente Ángel Vázquez y el exsecretario de Gobierno de San Benito, José Luis Cogno, sostuvo la acusación por supuesta falsificación de instrumento público contra los dos imputados.
En su alegato de cierre, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió 2 años y 6 meses de prisión condicional para Vázquez, más inhabilitación absoluta perpetua por el doble de la condena para ejercer cargos públicos. Para Cogno solicitó 1 año y 8 meses de prisión condicional más inhabilitación absoluta perpetua por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos.
El conflicto llegó a juicio oral casi dos décadas después de la denuncia y las primeras medidas judiciales de investigación. Lo que ocurrió es que Vázquez fue legislador provincial durante dos mandatos y cuando la Fiscalía pidió su desafuero, fue negado por la Cámara de Diputados. Desde diciembre de 2019, Vázquez dejó de ser diputado y se transformó en funcionario de la Secretaría de la Producción. “Hubiese deseado que esto se reactive en ese momento y no ahora que soy candidato a intendente de San Benito”, se quejó ayer Vázquez, ante el juez del Tribunal de juicios y Apelaciones Alejandro Cánepa, que dirige el debate.
“Se sostendrá la acusación conforme al hecho en contra de los imputados”, adelantó este viernes el fiscal Aramberry, antes de pedir la condena para los dos imputados. “Si fuera un juicio del nuevo sistema diríamos que hay cuestiones no controvertidas: que Valdemarín estuvo a cargo de la Tesorería del municipio; que Valdemarín fue sustituido por Ramallo en diciembre de 2003; que Valdemarín fue despedido de palabra; existió un decreto de remoción de Valdemarín y fue antedatado; también dijo que tomó licencia, volvió, enfermó y fue enviado de sereno a un jardín, a un archivo y luego a una plaza. ¿Qué pasó desde que Valdemarín cesó en funciones y fue enviado de sereno? Delegó su caso en abogados que pidieron el legajo administrativo personal del denunciante. Esto está documentado en diciembre de 2004”, alegó.
Para Aramberry “el primer indicio de falsedad de instrumento lo proporcionó el denunciante que contó que no fue notificado cuando el decreto se produjo sino que un año después. Además, aportó que cuando quiso enmendar la fecha, le contestaron que no porque tenían la fecha reservada. Valdemarín fue designado por ordenanza, es una facultad del presidente municipal pedir la remoción de funcionarios que fueran designados por acuerdo. No sucedió en este caso, Valdemarín fue designado por ordenanza y no se siguió el mismo procedimiento para desplazarlo. Señaló el informe pericial y las irregularidades detectadas sobre el decreto, además de una pericia informática sobre todas las computadoras de la Municipalidad. No encontró el decreto 013, sí el 012 y el 014”, apuntó.
“Entendemos que el hecho es falsedad ideológica en coautoría. La acción típica es haber insertado en un documento extendido por autoridades que legítimamente estaban autorizadas para hacerlo. No hablamos de una falsedad intrínseca, es un documento cierto en el que se asentaron manifestaciones falsas, la fecha. En este caso el documento viene a probar algo de administración pública, los imputados reúnen condiciones para ser captados como presidente municipal y secretario de Gobierno. El hecho está consumado. Tenemos en cuenta como agravante la alta posición en la estructura municipal por los dos imputados, ambos tenían una posición jerárquica. Eso implica una doble valoración del asunto. Le es más reprochable y más exigible a funcionarios de alta jerarquía. Además esto tuvo consecuencias en la víctima como su estado de salud y debió acudir a cuestiones administrativas”, evaluó.
“Pese al tiempo, Vázquez no dejó de ser funcionario público -dijo por último-. Teniendo en cuenta la escala penal prevista, el hecho se consumó y es un ejercicio abusivo del cargo. Solicitamos que se condene a Vázquez a 2 años y seis meses de prisión condicional más inhabilitación absoluta por el doble de ese tiempo. A Cogno 1 año y 8 meses de prisión condicional más inhabilitación absoluta por el doble de la pena para ejercer cargos públicos”.
Por último, el fiscal pidió normas de conducta como constituir domicilio y realizar tareas de bien social en una institución pública.
“Para desplazarlo hacía falta una ordenanza”
El abogado querellante Iván Vernengo alegó en consonancia con la Fiscalía. “Cuando fuimos a pedir el legajo de Valdemarían al municipio en 2004 nos dijeron que el legajo no estaba disponible, que estaba bajo llave de Del Vecchio, que ni siquiera era el tesorero sino un contratado. Lo esperamos al dr y como nunca regresó, decidimos salir. Nos encontramos en la comisaría de la ciudad, les pedimos el legajo y nos contestaron que debíamos presentar una nota. Eso fue el 15 de diciembre de 2004. Luego nos enteramos que esa mañana, valdemarín que estaba en Paraná esa mañana y volvió a su casa al mediodía, recibió llamado del municipio diciendo que comparezca que lo iban a notificar”, sintetizó. “Valdemarín ve el decreto fechado en diciembre de 2003, quiere poner la fecha real de notificación y se lo sacaron de las manos. Esperó un tiempo y le dieron la copia. Después hicimos la denuncia penal que dio origen a esta causa”, acotó.
Más adelante valoró que “sin dudas las tareas que le dieron después a Valdemarín fueron denigrantes”. “Se le causó un daño con los ingresos personales también, que fueron disminuidos”, señaló y preguntó: “¿Por qué lo notificaron un año después? Dicen que recibieron el municipio en un caos y el intendente ordenó la realización nueva de todos los decretos pero este decreto era de la nueva administración. Quiere justificarlo, es una excusa banal e infantil, no echa por tierra un dato objetivo, que el decreto no existía a la época en que fue desplazado Valdemarín. Creemos que los dos acusados son autores del delito de falsedad ideológica y asentaron una fecha de creación del decreto no real sino falsa, que le provocaron un daño a Valdemarín. Para desplazarlo hacía falta una ordenanza”, valoró el abogado.
Por último, coincidió con Fiscalía en cuanto a agravantes y atenuantes. “Las consecuencias derivadas, el daño, el uso de un decreto falso; la falta de antecedentes por parte de los imputados debe merituarse y la extensión del tiempo para llegar a este plenario. No es culpa del sistema judicial de esta provincia, Vázquez se acogió a los fueros como legislador y no es justo atribuir este alongado tiempo a la administración de justicia”. “Solicitamos 2 años y medio para Vázquez y 1 año y 8 meses para Cogno. Más inhabilitación especial por el doble de tiempo de condena”, completó y remató coincidiendo con Fiscalía en cuanto a las normas de conductas solicitadas.
“Ahora está de moda imputar a los políticos”
El abogado defensor de los dos imputados, Marciano Martínez, pidió la absolución de ambos. “No está probada la autoría de ninguno”, sostuvo. Retomó el testimonio de Elsa Pross en el juicio, la ex encargada de notificaciones municipales. “Ella contó que fue la que se equivocó con la fecha. Esto no fue valorado por nadie, Fiscalía ni explicó por qué no consideró su testimonio que fue igual cuando declaró hace años y ahora también”, lamentó el abogado.
Recordó después que hace 20 años, San Benito se conmovió por una cuestión institucional. “Vázquez era un constructor que se volcó a la política, veníamos de 2001, de los federales. La Municipalidad de San Benito quedó con un constructor al frente y lo debe haber hecho bien porque después repitió”, consideró y revalidó la designación de Roberto Ramallo como tesorero municipal: “Valdemarín no fue echado, no hay persecución política, es una creación”. “El primer acto fue nombrar al Tesorero porque no podía haber una Municipalidad sin tesorero”, defendió y señaló: “Valdemarín se interesó más por una denuncia penal que por el reclamo en derecho administrativo”.
“Vázquez, de los 20 años que pasaron desde la denuncia, ocho fue diputado y el resto no fue juzgado”, contrastó. “La señora Pross dijo que falsificó ella, ella fue la autora del hecho y lo confesó hace años y volvió a decirlo ahora”, reiteró. “Pero está de moda imputar a los políticos. No tienen defensa”, se quejó.
Palabras finales
“Cuando firmaba decretos, todos los que firmé ya estaban corregidos, yo no era administrativo ni estaba en la parte legal”, dijo Vázquez a modo de cierre en el debate.
Habrá novedades sobre la sentencia el 3 de julio, a las 8.
