En Santa Fe no existen causas de corrupción. ¿Eso sugiere que no exista la corrupción? No, en lo más mínimo, sino que deja en claro que nadie en la justicia investiga hechos oscuros que atraviesen al poder de turno. La justicia no investiga al poder en Santa Fe. La excepción fue la causa llamada “Juego Clandestino” en la que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery profundizaron una trama que salpicaba al senador peronista Armando Traferri.
Los dos fiscales que investigaron ese tema, que no era de una profundidad escabrosa frente a tramas narco mucho más pesadas, terminaron teniendo que dar explicaciones y contra las cuerdas. La Unidad de Crimen Organizado a la que pertenecían se disolvió. Edery enfrenta una causa penal por mantener vínculos inapropiados con una integrante de la banda de Los Monos, Mariana Ortigala.
Esa fue la devolución del propio sistema. Después de lo que pasó, qué fiscal se va a animar a poner la lupa en algo oscuro. Traferri es propietario de una frase que marca la relación que la política pretende de la justicia. Hace unos años, cuando se analizaban los pliegos de los fiscales de San Lorenzo, su territorio político, le preguntaron si se oponía a que fuera elegido alguien propuesto por el Frente Progresista. Traferri respondió: no me interesa que sea radical, socialista o peronista, lo único que no quiero es que sea independiente.
La frase salió de la boca del legislador del PJ, hoy aliado a Ciudad Futura, pero es compartida por todo el sistema político. En terminología libertaria, por todo lo que hoy llaman casta. Esto ocurre en Santa Fe y en la mayoría de las provincias. Y, con mayor promiscuidad, en Comodoro Py, donde los magistrados son, además de todo, millonarios. Como el recién designado en comisión en la Corte Suprema de la Nación, a través de un decreto, Ariel Lijo. Que fue uno de los organizadores de una puesta en escena que hizo la justicia federal en mayo de 2022, cuando desembarcaron en Rosario todos los miembros del máximo tribunal para respaldar el trabajo de los jueces contra el narcotráfico.
En el auditorio de la facultad de Derecho, sentado en la tercera fila, estaba Marcelo Bailaque. Lijo, uno de los jueces más sospechados de corrupción en la Argentina, organizó un acto para dar su apoyo a la justicia federal rosarina, que, justamente, era el problema.
Dos años después, Lijo espera que el Congreso avale el decreto de su designación en la Corte Suprema, algo improbable, y Bailaque está acusado en tres causas y siendo investigado en el Consejo de la Magistratura. En esa trama aparece otro personaje oscuro y que tuvo mucho poder en Santa Fe, como es el exjefe de la AFIP Carlos Vaudagna, en cuyos teléfonos hay mucha información sensible que puso nerviosos a empresarios y funcionarios del Estado.
¿Por qué están nerviosos? Por primera vez en la historia reciente de Santa Fe una investigación apunta a desentrañar maniobras corruptas y una connivencia en la que aparecen visibles un status quo intocable, narcos y una forma de actuar que se parece al conocido forum shopping. Cuando una causa toca los nervios del poder, el recelo por mantener una investigación en el inframundo del llamado “bajo perfil” se agiganta. En esta trama judicial todo está sujeto a una discusión permanente e insoportable que busca que la investigación no avance y se dilate.
Un ejemplo de este escenario paradójico es lo que ocurrió el viernes pasado. La diputada provincial Lionella Cattalini pidió tener acceso a la grabación y al registro taquigráfico de las dos primeras audiencias que se realizaron el 21 y 22 de noviembre pasado, cuando los fiscales empezaron a desglosar la imputación contra Bailaque, Vaudagna, el contador Gabriel Mizzau y el secretario del juzgado Gustavo Guazzaroni, entre otros. La audiencia fue pública, aunque hubo algunas restricciones a la prensa, como el impedimento a los reporteros gráficos de sacar fotos dentro de la sala. La imagen de Bailaque sentado en una audiencia en el lugar del acusado y no del juez, no existe. Incluso, llamativamente, delante del funcionario se acomodaron tres policías que impedían que se viera el rostro del acusado. Cosas que no tienen relevancia sobre el fondo de la cuestión pero que muestran los resquemores de la gente poderosa en su afán por evitar quedar inmortalizados en una cámara Nikkon y que luego esa imagen persista en los buscadores, como Google.
El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz avaló el pedido de Cattalini, pero lo llamativo es que este planteo llevó varias horas de debate. La resolución del magistrado tiene una extensión de 19 páginas. Que la justicia pierda el tiempo, dinero y energía en un trámite que no debería tener discusión marca el resquemor que existe en esta investigación, que no logra avanzar desde noviembre del año pasado. El juez debe dar argumentos extensos porque los planteos de las defensas también lo son.
Una situación de debate áspero ocurrió cuando se tuvo que delimitar la manera en la que se iban a peritar los teléfonos secuestrados de los imputados. En otras causas, que tienen otros acusados, no hay tanto recelo. La justicia es selectiva sobre todo cuando se investiga a sí misma. Esto ocurre porque la justicia federal de Rosario nunca fue investigada en relación a la participación de sus propios integrantes en delitos, en los que aparece gente vinculada al narcotráfico, como el contador Gabriel Mizzau, que llevaba las cuentas a Bailaque, amigo de la infancia, y al jefe narco Esteban Alvarado.
El próximo 19 de marzo, la Cámara de Casación Penal deberá definir si la investigación se tramita por el sistema viejo, es decir, el que regía hasta mayo del año pasado, que era escrito, o se investiga bajo el nuevo sistema procesal penal, que tiene como principales características que el fiscal lleva adelante la pesquisa y que las audiencias son públicas, entre otras cosas. Si los jueces de Casación deciden que se tramite por el viejo sistema el juez será Gastón Salmain, apartado hace dos semanas por la Cámara de Apelaciones tras una recusación de los fiscales que cuestionan una relación previa que tenía el magistrado con Vaudagna. Se conocieron varios mensajes entre ambos. Si Casación se vuelca por el lado de que la causa se mantenga en el sistema acusatorio, seguirá en manos de Rodrígues Da Cruz.
A la par, la investigación contra Bailaque en el Consejo de la Magistratura está congelada. Ese cuerpo tomó declaración a varios funcionarios judiciales de Rosario, pero no avanzó. El verano no se hizo para trabajar, creen muchos en la justicia.
Todos parecen medirse mutuamente, tanto en la justicia federal de Rosario como en el Consejo de la Magistratura, para ver quién profundiza sobre un tema que trasciende la jurisdicción y se inscribe en la tensión interna dentro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde hay dos santafesinos como Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
A la par del apartamiento de Salmain, en las causas se fijaron hace dos semanas pautas generales para la apertura de los teléfonos que fueron secuestrados a Bailaque, Vaudagna y Guazzaroni, entre otros. En una audiencia que se extendió por unas siete horas, el juez Rodríguez Da Cruz evaluó los requerimientos de los fiscales y también los planteos de las defensas sobre cómo se instrumentarán estos peritajes, que serán claves. El contenido de los teléfonos de estos funcionarios tiene pendientes a muchos por fuera de las causas judiciales. Se definió que la pericia analizará la información entre 2019 y 2024, que también se pondrán bajo estudio los archivos temporales y aquellos que fueron borrados. No se va a manipular información de índole personal, que no tenga que ver con la investigación.
El único acusado que se negó a la apertura de su teléfono fue Guazzaroni, secretario de Bailaque. La apatía de la mayoría de los medios de comunicación por seguir estas causas es inversamente proporcional a la relevancia que tienen estas investigaciones, que buscan desentrañar la matriz de corrupción que funcionó durante mucho tiempo en la justicia federal.
El apartamiento de Salmain, dictado por la jueza Élida Vidal de la Cámara Federal, genera ahora un nuevo interrogante, sobre cuál será el magistrado que siga adelante con las causas. La recusación se produjo en bloque por todos los fiscales que intervienen en estos casos. Lo que plantearon fue que había temor de “parcialidad”, sustentado en el vínculo preexistente que habría entre el magistrado y Vaudagna, del cual habría tomado conocimiento ese Ministerio Público Fiscal a partir de un nuevo peritaje del celular de Vaudagna.
Esta causa se inició el 8 de junio de 2023 por una denuncia de la directora de sumarios de AFIP contra Vaudagna, del contador Omar Scarel, exdirectivo de Vicentín, y de otras personas, por los delitos de asociación ilícita, violación de secreto e incumplimiento de deberes de funcionario público, entre otros. Esto surgió a partir del análisis preliminar del celular de Vaudagna secuestrado el 28 de junio de 2021 en una causa que se tramitaba en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). En esa denuncia se mencionaba que Vaudagna tendría “connivencias con el Poder Judicial” y que “de las propias conversaciones mantenidas por Vaudagna emergerían aceitados vínculos con actores del Poder Judicial”.
Luego de la excusación de Bailaque y Carlos Vera Barros por “motivos de decoro” y “violencia moral”, el 6 de agosto de 2024 la causa quedó radicada en el juzgado a cargo de Salmain. El 2 de octubre pasado este juez federal resolvió un planteo de la fiscal Adriana Saccone y declaró “la incompetencia territorial parcial de este juzgado para entender en las presuntas maniobras ilícitas que se habrían llevado a cabo en las ciudades de Santa Fe y Reconquista”. El magistrado entendió que en la causa se investigaban distintos hechos que habían ocurrido en diferentes ámbitos territoriales, por lo que debían intervenir los jueces naturales con competencia en cada lugar.
Pero su visión cambió. El 6 de noviembre pasado, Salmain rechazó un planteo de la defensa de Vaudagna para que las causas no fueran derivadas a cada juzgado. El 18 de diciembre el propio magistrado se declaró competente para seguir adelante con estas causas, como había pedido la defensa de Vaudagna. Es extraño su cambio de mirada. Fue lo contrario a lo que había definido el 2 de octubre. Entre ambas resoluciones no se incorporó ningún elemento objetivo que permita justificar semejante cambio de criterio.
A la par, se conoció el nuevo peritaje del teléfono de Vaudagna, secuestrado en 2021. Los fiscales señalaron que tomaron conocimiento de la existencia de un chat con el contacto “Gastón Salmain”, con 48 mensajes intercambiados entre el 22 de diciembre de 2018 y el 9 de mayo de 2019. Ese chat no había aparecido en el peritaje inicial porque había sido borrado.
Los fiscales manifestaron que el juez y Vaudagna tenían un vínculo preexistente que no era profesional ni meramente protocolar, que se hacían favores recíprocos y que se encontraron al menos dos veces (en la sede de AFIP en Rosario y en el café Petit Colón en la ciudad de Buenos Aires, cerca de los Tribunales) cuando se sustanciaba el concurso para la designación de Salmain como juez federal de Rosario.
Fuente: Por Germán de los Santos - Publicado en www.iceberg.com.ar
