Por Beatriz Arbasetti (*)
Recién conocida la Res. 187/2025 en el Boletín Oficial, ya cuenta con un potente pronunciamiento adverso desde las ONG vinculadas al tema y de la sociedad civil en su conjunto. Es justo que así sea porque evidencia un total desconocimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sobre los alcances de políticas públicas necesarias para un amplio sector de población.
Apuntamos a la escasa solvencia de sus agentes para considerar esta compleja problemática: tanto titular como directores carecen de formación profesional en Salud, mínima e indispensable para comprender, planificar y normatizar.
Una vez más, sus palabras atrasan y discriminan con una clasificación propia del siglo XIX. Recordemos también que un periodista fue tildado de “mogólico” por el primer mandatario…
Los especialistas médicos y de salud mental más capacitados debieran ser conductores de esta entidad tan cara a las necesidades públicas.
El Consejo Asesor en Discapacidad se conformaría con la activa presencia de las ONG afines, aportando su larga experiencia y proponiendo acciones acordes al cuadro de situación.
Además, una creciente población de adultos mayores requiere un trato específico en orden a las dificultades discapacitantes.
Desde el Consejo Asesor en Discapacidad hubo gestiones muy positivas en este abordaje. Sería deseable que las políticas que mejoraron las condiciones vitales de las personas con discapacidad, se mantuviesen en el tiempo, en vez de innovar poniendo en riesgo la condición de dichas personas.
Nuestra sociedad reclama diseño de proyectos y emisión de resoluciones que contribuyan al desenvolvimiento pleno e integración, optimizando la calidad de vida de estas personas como también la de los adultos mayores.
(*) Beatriz Arbasetti es miembro del Foro por los Derechos de los Adultos Mayores.
