Se reitera la protesta de afiliados y profesionales por los atrasos en los reintegros de las prestaciones de discapacidad que brinda el IOSPER.
Una vez más, un grupo de afiliados y profesionales (cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos, maestras integradoras, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, entre otros) que brindan prestaciones básicas de atención integral a personas con discapacidad, reclamaron ante ANALISIS por los atrasos en el pago de reintegros por parte del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER).
En contacto con este medio, criticaron que “el atraso en el pago de las prestaciones adeudadas llegan en algunos casos hasta los seis meses, sin tener motivos para argumentar este accionar y siempre con la excusa de IOSPER de que no hay dinero”.
Ante ello, advirtieron que “esto se hace imposible de sostener económicamente para ambas partes, ya sea para una correcta atención a los pacientes y para que los profesionales puedan cubrir sus necesidades, como también para que los discapacitados puedan sostener sus terapias que son necesarias día a día para sus avances”.
Manifestaron asimismo un “cansancio” de parte de los afiliados porque “las coberturas que deben cumplirse por ley con sus hijos se sostienen con promesas, siendo que mes a mes abonan a la obra social a través de los descuentos en los recibos de sueldos”.
A esta situación que ya vienen denunciando desde el año pasado, se agrega que “todos los meses se encuentran con nuevas disposiciones para la entrega de documentación que son informadas al momento de las presentaciones, sin previo aviso, lo que atrasa aún más la aprobación de las providencias de las terapias”.
Cuestionaron además que “dichas providencias son aprobadas no respetando los montos establecidos en el Nomenclador Nacional de Discapacidad impuesto desde la Superintendencia de Servicios de Salud, y sin actualizar los mismos”. Como ejemplo, vale mencionar que una Maestra de Apoyo a la integración escolar, actualmente tiene un monto de 17.464 pesos en el Nomenclador Nacional, pero el IOSPER continúa abonando el monto anterior de 13.331 pesos, correspondiente a 2019.
Los profesionales prestadores de la obra social provincia también marcaron que “los cuidadores domiciliarios son castigados en su labor al ser el único ingreso que perciben, no se les reconocen las horas correspondientes y se les imponen exigencias irrisorias para poder ser como prestadores como contar con un curso de cuidador que deben abonar de su bolsillo, presentar certificado de antecedentes penales, certificado psicofísico, ser inscriptos al monotributo y no adeudarle al sistema tributario, cosa imposible de realizar si no perciben sus ingresos”.
En este contexto, los afiliados plantearon que “esta situación hace que los profesionales vayan desertando de trabajar con los afiliados al IOSPER y la única opción de continuar es abonando los honorarios del profesional pero dada la situación actual del país y las múltiples terapias que se necesitan, se hace imposible sostener la continuidad de todas, ya que las sumas superan a los sueldos familiares”. “Esto supone no garantizar el pago de las prestaciones básicas previstas por ley”, sintetizaron.
En lo que corresponde al año 2020 cuestionan que “se dispone que dichas prestaciones, correspondientes a los meses de marzo y abril, serán reconocidas si se entrega la documentación respaldatoria correspondiente, y de esta manera podrá procederse a su cobro”.
Asimismo, denuncian que “se instituye como requisito dentro de la documentación mencionada anteriormente la presentación de una declaración jurada por la cual los prestadores deben acreditar no haber percibido ningún beneficio en el marco de las disposiciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio, tanto del gobierno nacional como del provincial, tendientes a mitigar los efectos económicos adversos, como así también la entrega de fotos, videollamadas o capturas de pantallas del profesional con los pacientes sin respetar el derecho al resguardo de la identidad de los mismos”.
“Es en este último punto donde vemos lesionados nuestros derechos de forma totalmente arbitraria por parte de IOSPER, al atentar contra una norma de carácter nacional como es el Decreto P.E.N 310/2020 por el cual se instituye el Ingreso Familiar de Emergencia -siendo la Resolución D-N° 012 IOSPER violatoria de lo dispuesto, por cuanto pretende limitar el cobro de lo que se debería percibir por los servicios prestados oportunamente”, concluyeron.
