Sergio Urribarri

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó las recusaciones de los vocales Gisela Schumacher y Miguel Ángel Giorgio, magistrados cuya apartamiento fue pedida por la defensa del exgobernador Sergio Urribarri.

La defensa del exgobernador Sergio Urribarri, que batalla en la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) por apartar a los vocales Gisela Schumacher y Miguel Ángel Giorgio del tratamiento de la queja que presentó para dar vuelta la condena a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio, sumó un nuevo reproche. Ahora, y luego de enterarse

El equipo del abogado Fernando Burlando, desembarcó esta semana en la capital de Entre Ríos para asumir la defensa del dos veces gobernador de la provincia y ex embajador de Israel, Sergio Urribarri, quien está a un paso de tener que cumplir la efectividad de la pena por la que fue condenado a 8 años de prisión por delitos de corrupción. Tal como

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná Alejandro Grippo rechazó este viernes la recusación del juez de Garantía Elvio Garzón para entender en los embargos y la inhibición de bienes dictados en diciembre último en el marco de la causa por enriquecimiento que se sigue al exgobernador.

La jueza de Feria Paola Firpo resolvió abrir la feria para tratar un recurso de queja de la defensa de Cardona Herreros, imputado en una causa por supuesto pago de coimas junto a Urribarri. Pero la jueza sostuvo que mo pudo acceder al expediente y leer la resolución de Garzón.

Los fiscales de Concordia y Federación no pudieron encontrar en los allanamientos realizados en las viviendas a Sergio Urribarri y a su socio, el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, bienes importantes, valuados en dólares, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito. Buscaban -entre otras cosas- un reloj de dama marca Rolex y esculturas de cristal de Murano, adquiridos en Italia. Todo ello fue comprado por el empresario Cardona Herreros, por pedido expreso del exgobernador entrerriano, según surgió de la documentación hallada en 2018, de acuerdo a lo confirmado por ANÁLISIS.

Fueron colaboradores de relevancia en los equipos del ex gobernador Sergio Urribarri y varios consiguieron el codiciado pase a la Cámara de Diputados cuando el ex mandatario se desempeñó como presidente del Cuerpo, entre 2015 y 2019. Desde entonces, cobran sueldos elevados y, en algunos casos, desde esos años no se les conoce tarea legislativa alguna y nunca aparecieron por el recinto. Actualmente, obligados por las circunstancias y las nuevas reglas que impone el cambio de gobierno, muchos regresaron a la Cámara baja y buscan lugares dónde reubicarse.

Después de 36 años de continuidad, la asunción de Rogelio Frigerio y de Javier Milei marcará la salida de los integrantes de la familia Urribarri de cargos públicos en el Estado. El periplo lo había iniciado Sergio Urribarri como intendente de General Campos en 1987 y luego asumió como diputado provincial en 1991, con el gobierno de Mario Moine. El exgobernador fue embajador argentino en Israel, hasta que fue renunciado en abril de 2022, tras ser condenado a 8 años de cárcel por delitos de corrupción. Su hijo Mauro, fue hasta ayer funcionario nacional del intrascendente Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. No obstante, varios familiares directos siguen en planta del Estado entrerriano.

En la cúpula judicial hay demasiada preocupación para ver cómo siguen conspirando (pese a los cambios de gobiernos nacional y provincial) en contra de los avances de la causa por enriquecimiento ilícito que tiene como imputados al exgobernador Sergio Urribarri y sus testaferros Diego Armando Cardona Herreros y Rubén Martínez. No permitieron allanamientos ni embargos millonarios dispuestos en modo reservado por los fiscales y pretenden apartar al juez de Garantías, Julián Vergara, según pudo saber ANÁLISIS.

“La causa en la que se investiga el patrimonio del ex gobernador Sergio Urribarri se encuentra en una etapa recursiva en la cual no es técnicamente posible pedir una elevación a juicio e incluso los propios fiscales pidieron hace poco más de dos semanas más plazo para continuar con la investigación. Evidentemente, dedicaron ese tiempo a preparar