De ANÁLISIS
Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) retomaron este lunes la audiencia que pasó a un cuarto intermedio el jueves pasado. Continuaron exponiendo sobre la acusación formal, las imputaciones y los roles ante la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, y los abogados defensores. Se refirió a correos electrónicos, chats entre imputados, cuadernos que guardan anotaciones de cada maniobra y secuestros en allanamientos. De la extensa exposición que comenzó después de las 9 de este lunes, se despejaron los distintos papeles desempeñados por los imputados dentro de la organización; las tareas que llevaron adelante e, incluso, las inversiones que concretaron algunos de los imputados con roles superiores en la estructura. En efecto, se puntualizó sobre la suscripciones de cheques, erogaciones a cuentas de falsos contratistas, coordinaciones con superiores sobre el número de contratados, la mantención constante de las recaudaciones mensuales de dinero, y el destino de buena parte de ese dinero a inversiones inmobiliarias, compras de loteos, ventas de casas, adquisiciones de materiales de construcción, entre otros.
“Hay conversaciones y correos entre los imputados que refieren a los contratos truchos como ‘litros’, así lo referían en la organización”, mencionó el fiscal Aramberry. Dijo después que varios diputados cuando declararon en Fiscalía aseguraron que fueron “engañados” para mantener contratos y que algunas personas no perdieran el trabajo.
“En uno de los allanamientos, en la casa de Hugo Mena, se hallaron 19 folios con nombres y anotaciones, 48 tarjetas visa de Banco de Entre Ríos, contratos de obra de la Cámara de Diputados, cuatro fajas de papel para contener billetes, tickets de extracción de dinero, carpetas, una máquina para contar billetes, tickets de pago de Monotributos, dinero y hasta autorizaciones para estacionamiento de vehículos oficiales”, recordó el fiscal durante su exposición. “Toda esta cantidad de información se relacionó con conversaciones de los celulares y documentación oficial, por ejemplo, del Banco de Entre Ríos”.
El fiscal repasó una conversación telefónica entre el contador imputado, Gustavo Pérez, exjefe Administrativo Contable del Senado; y el imputado Hugo Mena, el mismo día del allanamiento.
“Pérez, Alfredo Bilbao –excontratado del Senado de la Nación- y Sergio Cardoso, exadministrador de la Cámara de Diputados, tenían funciones de organizadores y gestores. Esta organización no se redujo, no finalizó su intervención cuando se detectó la maniobra. No podemos olvidar la novelesca aparición en la causa de una caja con documentación frente a la casa del abogado Milton Urrutia. Documentación falsa, contrastada en función de documentación indubitable del Banco de Entre Ríos”, apuntó el fiscal, en relación a las maniobras para torcer la pesquisa cuando se descubrió la organización. Aludió además a los familiares de las cabezas de la estructura, también contratados de la Legislatura. “La organización seguía operando para entorpecer la pesquisa”.
Aramberry refirió no sólo a los contratos de la Legislatura provincial, sino también a contratos del Senado nacional “manejados por Juan Pablo Aguilera y que tenían el mismo tratamiento que los de la Legislatura provincial, es decir de recaudación y entrega”, sostuvo. Señaló que “había contratados de las dos cámaras” en simultáneo.
Apuntó a una conversación entre Alejandro Almada y una mujer que fue citada a declarar ante Fiscalía, el mismo día de la declaración. “Ella compareció a Fiscalía, es hermana de una persona que tiene estrecho vínculo con Almada, que era el segundo de Cardoso en el Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados”, apuntó.
