La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, se refirió a la causa Securitas, que se abrió en 2020 tras una denuncia por sobornos y refirió que el 2 de julio de este año el senador nacional Edgardo Kueider (Unidad Federal-PJ), hoy detenido en Paraguay por tentativa de contrabando de 200 mil dólares sin declarar, fue denunciado en su juzgado por el periodista Christian Sanz, quien cuestionó el accionar del legislador durante su desempeño como síndico de la empresa ENERSA, organismo también involucrado en el caso de las coimas.
En su juzgado, el legislador es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y coimas. Otra causa por presunto enriquecimiento tramita en la Fiscalía de Concordia. Según detalló, en particular, la investigación de Securitas gira en torno a presuntos sobornos vinculados a la filial argentina de la empresa de seguridad privada. Indicó que se estima que se pagaron siete millones y medio de dólares en sobornos. "La corrupción es estructural y endémica en nuestro país", reflexionó al dar detalles de las investigaciones.
Este viernes por la noche, la magistrada dio una extensa entrevista en el canal La Nación +, en el programa de Luis Majul, donde dio cuenta que el caso comenzó cuando la compañía sueca Securitas, cotizante en la Bolsa de Estocolmo, recibió múltiples correos electrónicos a través de su canal de denuncias de corrupción. Esto llevó a la empresa, en cumplimiento de leyes internacionales de transparencia, a realizar una auditoría interna con la colaboración de una firma estadounidense, que reveló numerosos casos de sobornos en su filial argentina.
Estas irregularidades involucraban a funcionarios de Securitas que, a cambio de beneficios personales, aprobaban licitaciones amañadas con organismos estatales, repartiendo las ganancias ilícitas con funcionarios públicos. Entre los imputados se encuentran los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul.
Relató que Securitas había establecido contratos con numerosos organismos estatales y empresas con participación estatal en Argentina. Entre los entes involucrados figuran organismos de seguridad como ENERSA en Entre Ríos, la Policía Federal, Prefectura Naval, PSA, policías provinciales, y entidades como Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Renaper, Senasa, la Contaduría General del Ejército y Aeropuertos Argentina 2000, entre otros. Las investigaciones incluyen allanamientos para recolectar documentación y soportes digitales relacionados con estos contratos presuntamente fraudulentos.
También refirió que el vínculo de Kueider con ENERSA y las posibles irregularidades detectadas forman parte del núcleo de esta investigación, que expone un esquema más amplio de corrupción institucionalizada en varios niveles del Estado argentino. “La operatoria era la siguiente: funcionarios de Securitas a cambio de beneficios personales para sí, aprobaban las licitaciones respecto de los organismos del Estado cuyos funcionario le garantizaban un soborno que se repartía entre el funcionario de Securita y del organismo oficial”, explicó y enumeró los organismos del Estado y sociedades con participación estatal involucrados. Destacó que “la única fuerza federal que no tenía contratos espurios con esta empresa era Gendarmería Nacional”.
Luego de referir que la investigación la lleva el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, subrayó que Kueider fue denunciado “el 2 de julio por el periodista Sanz, no solo por ser síndico de Enersa, sino porque una empresa en la cual él tiene una importante cantidad de acciones, Betail, es propietaria de unidades funcionales en un edificio de lujo de Entre Ríos. Ahí, Kueider es vecino de unos hermanos que eran funcionarios de Securitas (por los Tórtul) procesados y detenidos en el marco de esta investigación”.
Autos blindados y millones de dólares en sobornos
En otro tramo de la entrevista, la jueza Arroyo Salgado explicó que en la investigación se comprobó que la estructura de sobornos en la causa Securitas es compleja y sofisticada: “El reparto de los sobornos, de bolsos con dinero en efectivo, se hacía en un auto blindado. También tenemos viajes que pagaba la empresa para estos funcionarios. En un caso la empresa le llegó a comprar una auto cero kilómetro al exsecretario de gobierno, mano derecha del gobernador (Gustavo) Bordet”.
“En nuestro país hay un Estado de corrupción estructural. Muestra de esto es la cantidad de organismos involucrados con sobornos para mantener contratos. También se vio que se sobrefacturaban servicios de seguridad que no daban o acordaron dar un servicio de menor calidad”, puntualizó.
Asimismo, recordó que el 4 de diciembre la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó los procesamientos, entre ellos a los hermanos Tórtul, por el delito de asociación ilícita, cohecho, incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles. Entre los acusados también hay directivos de Securitas y de organismos estatales.
Kueider, en la mira
Más adelante, la magistrada se refirió a los departamentos investigados -concretamente tres en calle Santiago del Estero 511, en Paraná-, propiedad de la empresa Betail SA, cuyo accionista mayoritario es Kueider. "Las expensas de esas unidades funcionales aparecen a nombre de Betail SA, como la empresa propietaria y responsable del pago de las expensas. En abril se realizaron los allanamientos y en junio las expensas fueron modificadas a nombre de Iara Magdalena Guinsel Costa. Se despejó que era empleada contratada en el Senado de la Nación", dijo, en referencia a la secretaria que quedó detenida con Kueider en Paraguay por tentativa de contrabando.
Cerca del final de su participación en el programa, reveló que en el caso Securitas aparecen muchos nombres de la política. "En uno de los mails está mencionado el exgobernador (Gustavo) Bordet. Es una mención aislada. Los pagos se hacían a través de un secretario general ya fallecido. Como está fallecido, no se pudo profundizar la investigación", sostuvo.
“Lo que está demostrando es la corrupción estructural y endémica con la que nos enfrentamos todos los días. La corrupción tiene una centralidad en todo el crimen organizado: narcotráfico, trata con fines de explotación sexual, laboral, pronogragía infantil, y terrorismo”, finalizó.
