José Amado
De ANÁLISIS
Jorge Enrique De Breuil es considerado como “un elemento central” por parte de la Fiscalía en todo el esquema de los contratos truchos legislativos, como “destinatario de una parte del dinero sustraído e inversor”. El hombre oriundo de Córdoba se presentó este miércoles, en el marco de las audiencias de remisión a juicio de la causa, para hacer una declaración de imputado. “Siempre me he sentido y me sigo sintiendo ajeno a esta causa y no quiero alimentar un escándalo público”, afirmó, al tiempo que se desligó de uno de los principales imputados por el desvío de fondos, Alfredo Bilbao.
A lo largo de unas tres horas, leyó su descargo donde realizó una explicación legal y técnica del andamiaje de nombras que regulan la administración de los recursos públicos, para sostener que el sistema descripto por los fiscales no pudo haber sido cometido como tal por una asociación ilícita, debido a las reglamentaciones e instancias y organismos de control que existen. De Breuil detalló el paso a paso de la designación de fondos para las cámaras legislativas hasta el pago de un contrato.
“Los fiscales han tratado los contratos legislativos como si se trataran de contratos entre particulares”, sostuvo al inicio de su exposición. “Tanto en la Investigación Penal Preparatoria como en el requerimiento de elevación a juicio hay un disvalor absoluto de las normas constitucionales y administrativas que regulan los contratos del estado y por lo tanto estos legislativos”, agregó.
Luego habló de las leyes que regulan la administración financiera del Estado, desde una Ley sancionada durante el Gobierno de Carlos Menem, cuando Domingo Cavallo era ministro de Economía, hasta las reformas de las leyes provinciales al respecto. Aquí precisó en los organismos de control de los recursos públicos, como Contaduría y Tesorería generales. A su vez, refirió que “Cada cámara (diputados y senadores) reglamentó las normas internas para la elaboración de los contratos”.
Tras una hora de exposición sobre este tema, De Breuil cuestionó: “De todo esto, no hay absolutamente nada en la IPP ni en el requerimiento de elevación a juicio. Pareciera que los contratos de obra son de los miembros de la administración, como si tuvieran el dinero en sus escritorios y pagan los contratos. Son un procedimiento bastante complejo que comienza tres meses antes de la ejecución presupuestaria del año y culmina cinco meses después de ejecutado el presupuesto”.
También cuestionó que no se individualizaran a los responsables de los contratos. “No tenemos los contratos, solo vimos listados, que no son los contratos, que no han aparecido (…) Basta con entrar a las paginas web de las cámaras de diputados y senadores para ver quienes fueron las autoridades que los firmaron”, dijo De Breuil.
“El procurador general, hace seis años y medio que amenaza con la apertura de la causa ‘contratos 2’, que luego difícilmente podrá abrirse. Y la fiscal Cecilia Goyeneche dio una explicación en una entrevista, como procuradora adjunta, diciendo ser fiscal anticorrupción, que le hizo el periodista Hernán Cappielo en La Nación, en noviembre de 2021. Ante la pregunta del periodista si está imputado Urribarri, responde: ‘No está imputado. Por una cuestión de supervivencia, digamos, dividimos en dos el caso. La primera parte no se refiere a los funcionarios políticos, se llegó hasta el cuñado de Urribarri. No se imputó a los representantes de las cámaras legislativas En una segunda parte el caso podría tener vinculación con Urribarri por su rol como gobernador y presidente de la Cámara de Diputados’”.
Al respecto, De Breuil lanzó una ironía: “La verdad, no he encontrado a lo largo de todo el Código Procesal Penal razones de supervivencia. Pero bueno.”, y agregó: “No tenemos a los autores del delito, no están imputados ni individualizados”.
Luego, el imputado analizó los números y montos de los contratos, para afirmar que no fueron en aumento. Sostuvo que, si se tiene en cuenta la inflación, “a valores constantes el monto de los contratos no solo no aumentó, sino que decreció”.
Posteriormente, se refirió más directamente a la acusación que pesa sobre el rol que le endilgan haber cumplido en la banda delictiva: “En el transcurso de estas audiencias hemos escuchado hasta el cansancio, pero ni en la apertura de la causa ni en la imputación formal ni en la requisitoria de elevación a juicio ni en estas audiencias, los fiscales explican cuál fue la dinámica de sustracción de recursos”.
“No tengo relación con los contratados, jamás fui beneficiario, ni intermediario, ni cobrador de cheques (…) No pertenezco a los estudios contables, al grupo de cobradores, de contadores ni integro los organismos de control”, agregó. Asimismo, recordó: “Pedí las pruebas de mi enriquecimiento ilícito, de inversiones inmobiliarias y ganaderas, nunca tuve una respuesta”.
En cuanto a su relación con otro de los principales imputados, Gustavo Pérez, contó: “Pérez era mi contador, tenía conocimiento de mis ahorros y cuales podían ser mis inversiones, mi confianza estaba depositada en él , relaté cuál era mi vinculación e hice una cronología histórica, cuándo dejé de verlo, cuándo lo volví a encontrar y cómo fuimos consolidando el vínculo. Pasó de ser un compañero de trabajo, a ser mi contador, a ser una persona de confianza para supervisar algunas de mis inversiones”.
Entonces, se refirió a otra persona que aparece vinculada a él en el manejo de dinero: “A Bilbao lo conocí cuando Pérez me lo presentó, pero no tuve una relación de confianza en él. Que Pérez le haya pedido a Bilbao que lo administre (a su dinero), puede ser, pero yo no entregué ni recibí esos dólares de manos de Bilbao. Es claro que no existe ninguna relación entre el dinero que le entregué a Pérez con los contratos”.
Cabe mencionar que en un archivo de Excel de Bilbano con distintos nombres y montos, aparece el nombre de Jorge Enrique De Breuil. A esto (entre otras cosas) es lo que responde el imputado con esa explicación.
En este sentido, insistió: “Desde ya niego rotundamente haber suscripto o haber sido beneficiario, desde el 10 de diciembre del 2003 a la fecha, de cualquier tipo de contrato con la Cámara de Senadores de la provincia o cualquier otra institución del Estado provincial o gobierno municipal de Entre Ríos. Asimismo, creo inverosímil la posibilidad de que se haya elaborado un contrato fraudulento con la Cámara de Senadores de la provincia, ya que para celebrar el mismo en dicha fecha se hubiese requerido de la autoría mediata o con autoría de por lo menos el doctor José Eduardo Laurito en su carácter de vicegobernador y presidente de la Cámara, de la señora Sara María Mercedes Basu en su carácter de secretaria de la Cámara, de los artículos e incisos que les dan a ellos esta atribución, y del contador público nacional Juan Domingo Orabona en su carácter de director general de la Administración de la Cámara. Siendo que todos ellos no solo me individualizan con conocimiento de mi nombre y apellido, sino que también conocían que yo habitaba como personal de planta permanente de la Cámara y estaba afectado al despacho del senador nacional Pedro Guillermo Ángel Guastavino”.
Contra ANÁLISIS, en tono intimidatorio
Por último, De Breuil y su abogado, Pablo Hawlena Gianotti, dedicaron un tramo de la audiencia para cuestionar publicaciones de ANÁLISIS y a advertir que se encuentran investigando la tarea periodística sobre la causa de los contratos truchos legislativos y el mayor desfalco al Estado provincial.
De Breuil habló primero del “caudal de notas que me agraviaban”, y se refirió al concepto de “juicio mediático paralelo”, citando al catedrático Marc Carrillo. En realidad, sacó un párrafo de una nota del sitio El Cohete a la Luna, de Horacio Verbitsky, publicada en 2020, donde cita al español: “El juicio paralelo se produce como consecuencia de una patología consistente en el ejercicio espurio del derecho a comunicar información, haciendo abstracción del deber de producir información con diligencia, esto es, con ética profesional que conlleva el debido contraste de la noticia respetando el derecho a la presunción de inocencia. A este respecto se puede convenir que para la existencia de esta anomalía que es el juicio paralelo, es preciso que se haya iniciado un proceso judicial; que la información y las expresiones difundidas por los medios delante de alguna forma la culpabilidad o inocencia del procesado, incitando a la opinión pública a pronunciarse en un sentido u otro, poniendo en práctica una acción informativa de naturaleza manipuladora; y finalmente, que se pretenda con ello ejercer una presión sobre la independencia de los órganos del Poder Judicial, de tal manera que el lector o el espectador perciban que la resolución judicial será en el sentido prefijado por el medio de comunicación”.
Luego, De Breuil continuó citando textualmente la nota escrita por Aleardo Laría Rajneri, aunque como si fueran sus palabras: “En nuestro caso, este uso público de la libertad de expresión no se limita a la violación de la presunción de inocencia, va más allá y puede tener consecuencias institucionales en varios aspectos”, dijo el imputado.
En este punto, cabe recordar la política de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a la difusión pública de procesos judiciales. Al respecto, un artículo del Foro de Periodismo Argentino cita también la doctrina española: “Cualquier restricción a la publicidad de los debates podría ser causa de nulidad (del proceso) si no existe motivo jurídico” (cita en “La información en tribunales”, de Leopoldo Seijas Candelas, capítulo de “Periodismo Especializado”, editorial Ariel, páginas 343 a 373, 2004).
“Al mismo tiempo -agrega el artículo del año 2009-, es fundamental entender que tanto ‘jueces y tribunales, por imperativo legal, tienen que sacar sus conclusiones no de su superior criterio ni de su mayor capacidad para interpretar los hechos, sino de la interpretación de los mismos en base a las pruebas aportadas conforme al Derecho’, como que, por el propio interés periodístico en una noticia, ‘no es aventurado suponer que determinados juicios paralelos puedan incluso aportar hechos y datos iluminadores para el juzgador, sin merma de su independencia’ (Seijas Candelas, obra citada)”. Y luego vuelve a citar a este autor: “Ante un hecho de trascendencia social, los poderes públicos no pueden escudarse en la circunstancia de que sobre los mismos se sigue un procedimiento judicial. El silencio se presenta en este contexto como una mera coartada para sostener la interesada negativa de información a ciudadanos exigentes (…). La libertad de expresión es un bien público que sólo podrá limitarse en la medida en que entre en colisión con otros derechos socialmente significativos”.
De Breuil continuó ya enfocándose de lleno en ANÁLISIS, al referirse a numerosas publicaciones que lo nombran: “Entre las inversiones de los tres principales imputados, no solo me menciona como el primero de ellos sino deja entrever que todas mis inversiones podrían estar vinculadas al dinero proveniente de los contratos”, dijo, que es lo que justamente se refiere en la investigación. En este sentido, habló de que sufre “hostigamiento” por parte del director de ANÁLISIS, Daniel Enz, en relación a lo publicado en el capítulo 17 del libro El Nido, editado en 2019.
También cuestionó que se publique tanto en este medio como en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) tanto cuestiones de la investigación como su declaración de imputado, lo que entiende como “una relación de ida y vuelta” entre fiscales y el periodista.
Vale mencionar que a De Breuil lo asiste el derecho a réplica si considera dar a conocer alguna manifestación o responder preguntas en una entrevista, lo cual hasta el momento no ha sucedido.
Luego, el abogado defensor fue más allá y dijo al respecto: “Estamos impulsando una investigación que posiblemente tenga resultados interesantes en los próximos tiempos”. Una amenaza que resulta similar a la esbozada por el grupo de abogados del exgobernador Sergio Urribarri, encabezados en ese momento por Fernando Burlando, el año pasado, cuando apuntaron contra ANÁLISIS, por ser el único medio que denuncia (hace 35 años) los hechos de corrupción en Entre Ríos.
Por otra parte, tampoco se salvó de la exprocuradora adjunta Cecilia Goyeneche. El abogado dijo que en su perfil de Linkedin había un link del hijo de Jorge De Breuil, lo cual dijo que “tiene un porqué, tiene que ver con una clara manifestación de advertencia de decir ‘te estoy mirando, aquí estoy’”, dedujo Hawlena Gianotti. Luego, se refirió también a la acusación contra Goyeneche por la relación con uno de los imputados (en realidad era de su marido) lo que según el letrado “manifiesta y revela que este proceso penal indudablemente ha sido corrompido, no instruido conforme lo que manda la Ley constitucional”. Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya hizo lugar al recurso de Goyeneche y anuló el jury que la destituyó en 2022.
