Rodríguez Signes reprochó a los corruptos porque “mucha gente murió por la democracia”

De ANÁLISIS

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, fue entrevistado en el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), donde se refirió a la estrategia del Estado para recuperar el dinero que fue desviado en distintas maniobras de corrupción y cuyo perjuicio ha afectado al interés general de los entrerrianos.

Si bien no estaba previsto, pero el interés publicó obligó a abordar la situación del senador nacional Edgardo Darío Kueider, quien quedó detenido por orden de la Justicia del Paraguay por no poder justificar hasta el momento por qué transportaba más de 200 mil dólares en efectivo, además de otras sumas en otras monedas.

Rodríguez Signes primero lamentó que funcionarios públicos como Kueider no honren el esfuerzo que implicó recuperar la democracia en la Argentina, pensamiento que es aplicable a todos los funcionarios que están embargados por hechos de corrupción. “Me causa mucha tristeza, porque yo provengo de... Yo me incorporé a la actividad política en los años ´82, cuando termina la Guerra de Malvinas, y la democracia costó muchísimo. Costó muchísimo. Mucha gente murió por llegar a la democracia y al Estado de Derecho. Y entonces este tipo de situaciones, este tipo de noticias, la verdad que alimentan la idea de que la política está llena de corruptos y lamentablemente se desprecia, se subestima, se devalúa. El esfuerzo que hace muchísima gente que está en la política, le diría la inmensa mayoría”, destacó el fiscal de Estado trazando una clara línea divisoria que involucra el pensamiento político, pero también el valor moral de las conductas públicas.

En ese marco, explicó que una vez que las causas por corrupción adquieren sentencias firmes, el gobernador puede disponer de los bienes embargados y darle un destino como una forma de reparación a la sociedad. En ese marco, destacó lo ya actuado en el caso del ex senador departamental por Concordia Mario Yedro y el de tantos otros y aclaro que las mismas previsiones se han adoptado para el caso del ex gobernador Sergio Urribarri y su entorno.

-Puede compartir un análisis de lo que está sucediendo con el senador nacional Edgardo Kueider en el Paraguay.

-Es una situación muy compleja porque imaginen que sucediera al revés. Imaginen que hubieran detenido a un legislador de Paraguay en Formosa, Corrientes, Misiones... Y que la justicia Federal lo detenga, le encuentren una suma de dinero que no puede justificar, evidentemente, y que la policía lo detenga, la Federal en este caso. O Gendarmería. Y entonces le dan intervención al fiscal federal y el fiscal federal en principio tiene un caso de, supongamos, contrabando. Estamos hablando hipotéticamente. Cometido por un ciudadano de otro país. ¿Qué es lo primero que va a plantear el fiscal? Va a plantear adoptar medidas cautelares. No estamos hablando de una condena, estamos hablando de cautelar a la persona, es decir, ponerla dentro de un sistema que permita que se siga adelante el proceso sin peligro de fuga de esa persona. Hay una presunción muy fuerte, siendo ciudadano extranjero, que se puede escapar, que puede fugarse del proceso. Entonces, la verdad, es una de las situaciones típicas por las cuales los funcionarios judiciales adoptan como principio la cautelar: la prisión preventiva, que es un instituto muy antiguo. No sé cómo está funcionando el sistema penal en Paraguay, desconozco, pero si fuera al revés sería una situación bastante típica y este es el tipo de medidas que se suelen tomar.

-Está claro que no tiene inmunidad parlamentaria por estar otro país. Aunque fue lo primero que dijo Kueider: “yo soy senador nacional”.

-Por supuesto. Ese privilegio funcionaría en la República Argentina y bajo ciertas condiciones. En Paraguay no. Distinto es si fuera personal diplomático, pero no lo es. Entonces, la situación, yo me enteré por los medios de comunicación, pero la situación es una situación muy complicada; que le agrego -ya esto es más personal, un pensamiento personal-, a mí me causa mucha tristeza, porque yo provengo de... Yo me incorporé a la actividad política en los años ´82, cuando termina la Guerra de Malvinas, y la democracia costó muchísimo. Costó muchísimo. Mucha gente murió por llegar a la democracia y al Estado de Derecho. Y entonces este tipo de situaciones, este tipo de noticias, la verdad que alimentan la idea de que la política está llena de corruptos y lamentablemente se desprecia, se subestima, se devalúa. El esfuerzo que hace muchísima gente que está en la política, le diría la inmensa mayoría...

-Es inentendible, digamos, porque estamos hablando de un senador de la Nación, que sabe cuáles son las leyes, sabe cuáles son lo que está establecido de que ningún ciudadano puede ir con más de determinados dólares a un vecino país. Ingresa en un horario de madrugada con más de 200.000 dólares.

-Yo creo que cualquier ciudadano, pero un senador de la Nación Argentina tiene, como ustedes dicen, un deber de apego a las normas aduaneras, cambiarias… en fin, y este hecho dispara, yo le diría que no solamente uno, sino varias situaciones porque por un lado está la causa que se inicia en Paraguay. Pero, por el otro lado, hay causas en la Argentina, entonces evidentemente esto en materia de prueba, de incorporación a los casos.

-Además, de acuerdo a lo que nos compartieron periodísticas desde el Paraguay, nos dieron a entender que Kueider, salvo que haya una intervención política que lo dejaría expuesto a Javier Milei, o sea, terminaría como Ronaldinho, o sea, de acá a la Unidad Penitenciaria hay un paso muy cortito.

-Hay que ver cómo se traban las cautelares. Lo central no es anticipar una condena. Lo central es garantizar que el proceso penal se va a desarrollar con la presencia de la persona que está acusada para garantizar el cumplimiento de una eventual sentencia, ese es el sentido de la cautelada. Y el hecho de que sea extranjero en Paraguay realmente es complejo.

-Además, está el tema de la exposición. Este es un caso que hoy está en todas las portadas de los medios argentinos y los medios paraguayos. Es decir, están todos los fiscales y el juez observados por dos os países.

-Dos países y dos pueblos los están mirando: Entonces, por eso le digo, que no son noticias gratas. Y en lo personal, por supuesto me causa, no desazón, pero digo, las cosas hay que hacerlas bien, con responsabilidad. Hay mucha gente comprometida en la construcción de este país, y en el sostenimiento de la democracia, del Estado de Derecho. Y la verdad es que estas cosas a uno lo preocupan, como mínimo.

La recuperación de los bienes de la corrupción

-Obviamente tuvimos que cambiar el eje de la entrevista, porque justamente queríamos hablar con usted del tema de los bienes de la corrupción recuperados por el Estado por decisiones judiciales. Hoy por hoy se recuperó lo del ex senador Mario Yedro, las casas del ex titular de Obras Sanitaria de Hugo Righelato, ¿hay algunas más?

-El caso de (ex legislador provincial, Raúl Abraham) Taleb.

-El caso de Taleb era un acá en calle Buenos Aires de Paraná.

-Así es. Esa propiedad se destinó al Ministerio de Gobierno. Los bienes decomisados, los bienes recuperados pasan al Estado Provincial y el gobernador -a través de un decreto-, asigna a una función el bien recuperado, si es un bien inmueble.

-¿El Estado tomaría posesión de lo que fue la imprenta de Juan Pablo (cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri) cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación disponga la decisión final¡ ¿O lo puede hacer antes?

-Bueno, ahí depende de si la Corte toma el caso por vía de recursos extraordinarios o no. Y hay teorías que, si lo rechaza, la sentencia se hace ejecutada, es decir, hay que ejecutar, cumplir con esa sentencia, con todo lo que implica la sentencia. En ese caso, el perjuicio está determinado en la misma sentencia y está también ordenado el decomiso de bienes de los imputados, de manera que en ese caso está bastante clara la situación.

-En esa causa, el único bien que toma el Estado es lo que fue la imprenta de Aguilera. Lo que no se sabe bien qué medidas se adoptaron en la justicia, porque la imprenta tenía una inversión importante, y es notorio que la desarmaron. ¿Cómo se controlan los utilitarios que tenía esa empresa, por ejemplo?

-No, pero están embargados todos esos bienes. Están todos embargados. Están embargados, claro. No es que quedaron solo los inmuebles. Hay embargos trabados. El sistema funciona de esta manera… antes, para que pudiera concretarse la reparación civil, había que presentarse como actor civil, iniciar una demanda civil y un proceso penal. ¿Cómo está funcionando ahora el sistema? A partir de la reforma del sistema procesal del 2007-2008, el Ministerio Público Fiscal ejerce la acción penal, pero en el ejercicio de la acción penal adopta medidas para garantizar un futuro resarcimiento.

-Pero, hay situaciones que preocupan. Por ejemplo, lo que pasó con el caso del sindicalista de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) José Allende. Fue denunciado por enriquecimiento ilícito, la causa avanzó, incluso el inmueble de Allende que estaba comprometido en un acuerdo abreviado, todo se destrabó a su favor y Allende vendió esa propiedad que estaba en el Parque Urquiza de Paraná y que era de cuatro pisos ¿Qué sucede en estos casos?

- En el caso de Allende en particular, nosotros lo seguimos también y, en el caso de él, hay bienes que tiene, que soportaría bien la reparación. En este caso tiene otros bienes, nosotros lo tenemos analizado al tema, el Ministerio Público Fiscal también, él tiene otros bienes para responder a la reparación para el caso de que se confirme el enriquecimiento ilícito. Y así en todos los casos. Si ustedes ven las causas de (Sergio) Urribarri, está trabado los embargos sobre bienes, todos los bienes, es decir, acciones, inmuebles, vehículos, y en general en todas las causas.

-Pero, ¿qué pasa con la casa de Urribarri en Salto Grande?

-Está embargada.

-Sí, pero la pasó a nombre de la empresa familiar.

-Sí, pero está embargada. Esas acciones están embargadas, y están inhibidos, es decir, no pueden disponer de esos inmuebles. Igualmente, en la causa (Flavia) Beckman, “contratos”, ahí hay trabada una inhibición general de bienes sobre todos los imputados, no pueden movilizar su patrimonio. En cada caso en el que hay un delito contra la Administración Pública hay una comunicación entre el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado, y se han trabado las medidas cautelares. Aquí hablamos del caso de Kueider, las medidas cautelares para asegurarse que en caso de que quede firme la condena se pueda obtener el resarcimiento. Y en el caso de Beckman, que es la causa de los contratos (truchos) donde nosotros vimos una situación de una gravedad mayúscula ya, ahí nos presentamos como actores civiles, cosa que generalmente no lo hacemos, esperamos que quede firme la sentencia y ejecutamos la sentencia. Caso Yedro, fui yo personalmente a tomar posesión de esos bienes, o caso Righelato. En otros casos el autor ha llegado a un acuerdo, caso Bustamante: él pagó la suma que se le reclamaba. Y en el caso Beckman, la Fiscalía se presenta como actor civil y estamos atrás de esa causa que, bueno, ahora pasó al año que viene la audiencia para llevar a juicio.

-Uno de los que está preso en la Unidad Penal, además de Urribarri y Pedro Báez, es Juan Pablo Aguilera, quien cobra un sueldo como funcionario del bloque de senadores del PJ y no va a trabajar desde principios del 2016. Su sueldo ronda los 5 millones de pesos. Esta semana se le envió una carta documento. ¿Fiscalía puede disponer de alguna medida?

-Eso sería un sumario administrativo por inasistencia. No sé la situación de Aguilera desde el punto de vista laboral, no la conozco, francamente no la conozco. Es mucho más fácil que la autoridad de la Legislatura, en el caso de que una persona, Aguilera o quien sea, no va a trabajar, se inicia un sumario por faltas y se adoptan las medidas, tanto las disciplinarias como las patrimoniales, y se le comunica a Fiscalía y Fiscalía acciona. Así funciona el mecanismo.

-¿Con cuántas causas en trámite contra el Estado Provincial está terminando este 2024?

-Serían aproximadamente 2.500 causas aproximadamente. Nosotros hacemos el cierre el 31 de marzo de cada año y esa es la fecha de corte y a la cual presentamos a la Legislatura el informe. Pero, contra el Estado, alrededor de 2.500 causas.