La diputada nacional Blanca Osuna (Frente de Todos –Enytre Ríos) participó de la reunión conjunta de las Comisiones de Finanzas y Comercio, donde se comenzó a debatir una serie de proyectos de ley para disponer la obligatoriedad de la acreditación del monto de las compras realizadas con tarjeta de débito en comercios minoristas, mayoristas, pymes y de las distintas actividades productivas que realizan operaciones con este medio electrónico, de manera simultánea al momento que el sistema debita ese monto del consumidor.
Osuna apoyó la iniciativa de su par de San Luis, Carlos Ponce, por considerar que “no existe ningún marco jurídico ni ley alguna que justifique el hecho de que una trasferencia bancaria entre dos particulares, permanezca en poder de un tercero durante casi 72 horas, como sucede hoy con las operaciones con tarjeta”.
Afirmó que los plazos de movimiento de dinero de una cuenta a otra hoy son automáticos, con lo cual, no existe ningún argumento para que el poder financiero se adueñe del dinero de los consumidores y de los comerciantes, para beneficio propio.
“A la crisis que dejó el anterior gobierno se le suma la pandemia, con lo cual los pequeños y medianos empresarios están sumidos en una serie de esfuerzos para sostener sus negocios, por lo que, resulta injusto y abusivo que los sectores que siguen ganando millones por día, se aprovechen de aquellos ciudadanos que temen por sus puestos de trabajo y su sustento diario”, sentenció la legisladora entrerriana.
“Sabemos que los distintos comercios que trabajan con tarjeta de débito esperan entre 24 y 48 horas para la acreditación de sus ventas, y se torna urgente e impostergable saldar esta situación para dar paso a una inmediata acreditación por parte de los bancos”, dijo Osuna.
Al respecto, opinó que “esta medida resultará virtuosa” para distintas pymes, pequeñas y medianas empresas, comercios, economías regionales y mayoristas que conforman una trama productiva y económica significativa de nuestro país.
En el mismo sentido, planteó que “este proyecto establece garantías equitativas para la utilización de débitos, significativas en estos tiempos de pandemia y protocolos sanitarios para cuidado de la sociedad, y favorece la economía registrada, en blanco, estimulando un circuito virtuoso para la trama productiva y económica”.
