El fiscal José Ignacio Candioti insistió en la necesidad de avanzar en el decomiso de bienes para desbaratar a las bandas narcos.
El fiscal federal José Ignacio Candioti habló sobre el avance del narcotráfico y las bandas que han sido juzgadas en los últimos tiempos. Hace siete años que es fiscal del Tribunal Oral Federal de Paraná y en su experiencia traza cómo operan las bandas delictivas en la provincia y en la necesidad de avanzar en el decomiso de los bienes y propiedades para desbaratarlas de manera más definitivas.
En el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), Candioti sostuvo cómo las bandas narcos se apropian de un determinado territorio para garantizar la comercialización de estupefaciente y ese territorio es defendido a los balazos.
“La semana pasada terminamos un juicio en el que fue condenado Lisandro Giménez, alias Pokemón, que según lo que declararon los policías en el debate, y lo que aparecía también en las crónicas periodísticas (uno de ellos es el libro que escribió Daniel Enz, aclaró el fiscal), después de haberse realizado procedimientos y puesto en prisión a la banda de Elbio Gonzalo Caudana y a la de Daniel Tavi Celis, había surgido la de Lisandro Giménez, que con Víctor Cabeza de Fierro González se disputaban el territorio”.
“En este caso concreto, terminamos de realizar un juicio que duró más de un mes, donde pudimos observar de manera concreta que tenían un poder sobre el territorio, especialmente en los barrios Paraná XIII y XVI. A nuestro entender, daba cuenta de la gravedad de lo acontecido”, describió el fiscal federal.
“Sumando otra cuestión, la figura por la cual se los condenó y que nosotros acusamos fue comercio de estupefacientes. Esta clase de delito está penado en el Artículo 5°, inciso “C” de la Ley N° 23.737, requiere para su configuración una habitualidad en la conducta. Esto quiere decir que no es un solo acto de comercio el que se castiga, sino una sucesión. Y esto es lo que se probó: durante más de un año esta gente se dedicó a comercializar estupefacientes en estos dos barrios de Paraná”, aclaró en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).
“Esa conducta la debíamos tener en cuenta para tener una pauta de mensuración de la pena. Y lo mismo para establecer cómo se acometía esa actividad (comercio de estupefacientes) que figuraba ya en el expediente y lo declararon los policías en el juicio y es que se disputaban estas dos bandas el territorio y a los tiros. Digo que figuraba ya en el expediente, porque estaba la denuncia de una madre de un chico menor de edad, que decía que camino a la escuela, Lisandro Giménez con otras dos personas imputadas en la causa, lo habían baleado. Esa denuncia fue ratificada por la directora de la escuela, con nombre y apellido, y sostuvo que ella escuchó los balazos”.
-Y esto qué le determina: esas segundas líneas que van apareciendo, tienen relación con anteriores “jefes”, que aún desde la cárcel pueden seguir manejando parte de esa estructura. O son estructuras independientes.
-A veces vemos la relación. En el juicio contra Caudana pasamos escuchas telefónicas, donde justamente hablaban de la vinculación con la banda de “Cabeza de Fierro” González. Fue parte de la investigación y quedó al desnudo cómo era la modalidad del comercio de estupefacientes. También vimos en un resonante juicio que se hizo a principio de años, que fue la causa (Guillermo) Viggiano y otros. Y fue resonante porque se pudo observar la relación de Viggiano con Seola (Hugo y su hijo Cristian) y también estaba vinculado el tema con parte de una hinchada (del Club Patronato). Y había conversaciones también con Petaco Barrientos, donde daban cuenta del comercio de estupefacientes. Y ese fue un caso interesante desde el punto de vista de la persecución penal porque pudimos llegar hasta el proveedor máximo que era Molina en Corrientes; es decir, se pudo desnudar la conexión interprovincial. Y esto es importante, porque fue una de las cuestiones que el legislador tuvo en cuenta para establecer la competencia de la Justicia Federal para este tipo de delito; que al igual que en la trata de personas, uno de los caracteres a tener en cuenta es la relación inter provincial. Y en el caso Viggiano se dio de esa manera, pudimos llegar al proveedor Molina y determinar cómo desde Corrientes ingresaba el estupefaciente a Entre Ríos. Y una vez ingresado a Entre Ríos, cómo llegaba a Paraná y desde ahí hacia otras localidades más pequeñas de la provincia.
-Entonces tenemos una primera línea presa; una segunda línea que también tiene a muchos de sus integrantes están detenidos. Y aparece una tercera línea, los proveedores que siguen siendo los mismos.
-Los proveedores a veces cambian. Pero también tengo que decir, ahora haciendo memoria, que hay casos de proveedores que desde el establecimiento carcelario siguen dando instrucciones y siguen conectando a la gente y eso lo pudimos ver en la causa Caudana. En esa causa vimos que uno de los proveedores, el que hace el contacto entre Caudana y la gente de Buenos Aires que le proveía el estupefaciente (por eso Caudana va y busca los diez kilos de cocaína y que es sorprendido en la ruta con esa mercadería). Y el que conecta a Caudana con Natalia Bonasola en Concordia, es la misma persona que había sido condenada. Y todas esas operaciones las hace desde la cárcel.
-Es una barbaridad que personas condenadas o procesadas, sigan encontrando vericuetos para continuar haciendo negocios desde las Unidades Penales. ¿Le han reclamado ustedes a las autoridades del Servicio Penitenciario para que solucionen este tema, porque es inconcebible que siga pasando?
-Sí, pero a veces los imputados burlan el accionar del Servicio Penitenciario. Por ejemplo, todas estas comunicaciones se hacen a través de los celulares. Y las personas detenidas tienen esos aparatos de manera escondida. Y eso también hay que ponerlo en consideración. Y también hay que tener en cuenta que hay personas (creo que fue el caso de Natalia Bonasola) que son condenadas; pero continúan en prisión domiciliaria, atento a distintas razones. Esta mujer, a los poquitos días de haber sido condenada en un primer juicio por narcotráfico, ya estaba tomando contacto con Caudana para reincidir en el delito. En ese caso se vio algo que siempre digo: lamentablemente la actividad es tan redituable para el narcotraficante, que hacen que persistan en el delito. A veces no les importa tener una condena, sino seguir en el negocio. Por eso siempre sostengo que a la par de la condena de prisión, es importantísimo en la Argentina comenzar a trabajar en el tema del decomiso de los bienes. Sino decomisamos los bienes, hacemos que los autores tengan siempre la materia prima para continuar con ese negocio. En cambio, si se les decomisan los bienes, estaríamos atacando el núcleo económico del delito y eso es fundamental.
-De acuerdo a su experiencia, adoptan esta actitud de seguir adelante (pese a tener una condena, de recibir otra y así no salir más de la cárcel) porque tienen compromisos económicos o cuasi mafiosos o porque deben mantener una estructura que comprenden en muchos casos a sus familiares.
-Creo que pasa por esta segunda cuestión, la de mantener una estructura que comprende a sus familiares. Pienso que en el cálculo que hacen, analizan justamente eso: prefieren estar en prisión, pero que el núcleo familiar e incluso allegados puedan continuar manteniendo un nivel de vida determinado. Pienso en otro caso: el de Roberto Sterz, quien junto a Vicente Bioletti quedaron condenados a diez años de prisión por la cocina de cocaína. Sterz adoptó una conducta ejemplar en la Unidad Penitenciaria, todo el mundo decía y esperaba que no reincidiera con la conducta, además era una persona muy mayor. Y ahora nos enteramos que está nuevamente procesado en una causa similar en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Y estas situaciones nos llevan a pensar que el cálculo que hacen es el rédito muy grande que les genera esa actividad y prefieren persistir en el delito.
-¿En todos estos siete años qué fue lo más doloroso que le tocó escuchar vinculado al narcotráfico?
-En nuestros Tribunales Federales muy pocas veces trabajamos con víctimas de carne y hueso. ¿Cuándo trabajamos con víctimas? En los juicios de lesa humanidad o en los juicios de trata de personas. Y sin lugar a duda, esos casos fueron los que más me han conmovido. En materia de trata de persona he presenciado varios testimonios a lo largo de todos estos años. Pero para citar un caso, fue escuchar a una víctima, menor de edad, en la causa Manzanares y Campoamor. Otra causa fue la de un publicista muy conocido. Otra causa fue el de la joven que fue traída desde Santa Fe en colectivo y prostituida en el centro de Paraná y recuerdo que una de las reflexiones que expresé fue cómo nosotros, como sociedad, no pudimos advertir eso que pasaba en las narices de todos. Ese testimonio fue desgarrador. Con la salvedad que esos testimonios, con la nueva ley, ya no se realiza en el Tribunal Oral sino por Cámara Gesell, y que la propia ley permite reproducir el testimonio que oportunamente la víctima en sede de la Instrucción. Pero, igual uno lo escucha, y lo afecta bastante. Y en el caso del narcotráfico, los testimonios que me conmueven son los de los vecinos, cuando tienen que declarar o los testigos civiles que participan de los procedimientos; porque hay que tener en cuenta la valentía de esas personas. Siempre digo no es fácil para ellos declarar, porque son del barrio, viven ahí, se los cruzan diariamente y están declarando en el juicio a metros de los supuestos autores del delito. Cada vez que termina un juicio y me suelen preguntar por la sensación, respondo valorando al vecino que por su testimonio se pudo condenar al responsable de la comercialización de estupefaciente y pienso en los hijos de ese vecino, porque la verdad que siempre vemos que muchos de esos clientes son menores de edad. Y esa realidad es muy triste, porque son chicos que deberían estar en la escuela, en los clubes practicando deportes y, sin embargo, son utilizados por estos narcotraficantes para lucrar con su salud. Y eso a uno le afecta bastante.
