A quejarse al calabozo

Vecinos que piden que no contaminen el agua común. Hombres y mujeres que reclaman que el río no sea un depósito de desechos. Jóvenes que se manifiestan contra las expresiones belicistas. Trabajadores que piden no ser explotados y que esperan conservar sus fuentes de trabajo. Cuando el poder quiere frenar la protesta social, echa mano a un nuevo método de represión: la denuncia judicial por gravísimos delitos casi siempre inexistentes. Según relevamientos realizados por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, existen hoy más de 4 mil luchadores populares con causas abiertas, ya sea en carácter de imputados, procesados o condenados. Tanto en los tribunales federales como en los provinciales en territorio entrerriano hay casos que reflejan que la criminalización de la protesta también está entre nosotros.