Versión impresa del semanario 03/05/2012

El brigadier retirado Rubén Di Bello gobernó poco más de dos años esta provincia, a poco de producido el golpe militar más sangriento de la Argentina. Las necrológicas indicaron que falleció el 22 de abril, pero ningún medio periodístico se percató de transformarlo en noticia, pese al rol que tuvo. Después de más de 33 años de silencio, en abril del año pasado Di Bello aceptó hablar por primera vez con ANALISIS. En un extenso reportaje en la Redacción del semanario, Di Bello dijo que nunca se enteró “de nada” de lo que ocurría en Entre Ríos -con secuestros, detenciones ilegales, torturas y crímenes- y se arrepintió de haber aceptado la Gobernación a partir de abril de 1976. Cuestionó al ex interventor, general Juan Carlos Trimarco -porque, indicó, lo vivía “acosando”-, pero sostuvo que si se lo cruzara no le diría nada. “¿Qué le voy a decir a un tipo que tiene Alzheimer y se mea cada vez que tiene que ir a declarar?”, dijo. En virtud del valor periodístico que tiene el material es que se vuelve a publicar el reportaje a Di Bello, a escasos días de su fallecimiento.

La UADER está en el medio de una tormenta. Para fines de 2011 todo parecía estar tranquilo y prometer unas largas fiestas que marchaban hacia la democratización. Una academia inmensa que siempre fue el bastión de gobiernos provinciales estaba por ser autónoma después de todo. Pero no pudo ser. El gobierno de Sergio Urribarri decidió que era mejor conservar ese espacio de poder bien cercado e interrumpió la normalización antes de que llegaran los primeros días calurosos de diciembre, designando un rector normalizador. Sin embargo, la comunidad académica continuó exigiendo la continuidad del proceso ya iniciado y hoy se encuentra con una verdadera sorpresa: un proyecto de ley para nacionalizar la Universidad Autónoma de Entre Ríos escrito y, aparentemente, presentado en el Congreso de la Nación, por Blanca Osuna cuando era senadora.

Alejandra Gervasoni es la secretaria general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), seccional Paraná y aunque la actividad sindical ocupa la mayor parte de su tiempo, no descarta perfeccionarse aún más en la carrera que la apasiona: Trabajo Social. Debido a la licencia sindical no está dando clases y como extraña muchísimo a sus alumnos, los visita seguido en Cerrito, donde está la escuela especial en la cual tiene su cargo. Se emociona cuando recuerda a su madre y asegura que todo se lo debe a ella, quien le enseñó el amor por el prójimo y el trabajo social diario. Se considera una mujer rebelde, que siempre luchó por sus ideales.

Crecen en la delegación local de la Defensoría del Pueblo de la Nación los reclamos por el aumento de la cuota por el servicio de medicina prepaga. Desde la reciente reglamentación de la ley que regula la actividad, las firmas deben solicitar al Estado autorización para el incremento de costos. Pese a ello, han efectuado subas por encima de lo habilitado. En casi un año, lo permitido suma un 24 por ciento, pero se han registrado casos donde en los últimos tres meses han facturado un 40 por ciento más; en otros alcanzan el 80. La legislación también obliga a las prestadoras privadas a un servicio básico, a no diferenciar planes por edad ni rechazar afiliados por enfermedades preexistentes. Si los expedientes por las demandas prosperan, las autoridades podrían pedir el reintegro de las cuotas mal cobradas.

Los recurrentes casos de violación que se suceden en la provincia han forzado a los tres poderes y a numerosas organizaciones de la sociedad civil a poner en su agenda propuestas de abordaje para este flagelo. Los estudiosos advierten que la mayoría de las denuncias quedan en el camino, y que las pocas que llegan a la Justicia Penal terminan en una desinculpación del victimario. Como en todo problema complejo, donde no aparecen soluciones eficaces, el tratamiento de los abusadores es terreno fértil para las iniciativas más primitivas y reaccionarias.

Una mujer con un hijo con capacidades diferentes no tiene casa y está a punto de perder su único trabajo. Pese a peregrinar durante años por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) no tuvo una solución concreta, hasta que llegó la peor de todas: esperar. La insólita solución develó otro problema habitacional y de seguridad, cuestiones por las que el Estado debería bregar. Las autoridades gubernamentales reconocen la intrusión de una casa, pero poco hacen para evitarlo. La triste novela que cuenta ANALISIS en esta edición pone también de relieve cuánto se avanzó sobre los derechos consagrados en la nueva Constitución, como es el de tener una vivienda digna. En Entre Ríos pareciera que tal mandamiento es letra muerta. Un caso, que llegó a la Justicia, terminó con una sentencia que evitó pronunciarse sobre el fondo y sólo puso la lupa en las cuestiones procesales.

Ni “capital en serio”, como promete el gobernador de la provincia para el futuro, ni “ciudad paisaje”, como acuñó la historia reciente, describen al menos a la Paraná de estos días. La ciudad capital tiene los mismos problemas que la aquejan de hace años. Apenas si se revuelca en la burocracia mediocre y en medio de una gigantesca oferta de anuncios. Tullida por los enfrentamientos entre el SUOYEM y la intendenta Blanca Osuna nació una gestión cruzada por despidos –o ceses de contrato- de gente que dejó como herencia José Carlos Halle. El abuso de favores mediáticos consiguió apenas para la nueva intendenta poner al descubierto promesas generosas que, pasado un tiempo y si no se concretan, se convertirán en reclamos extremos. Osuna dejó de quejarse de la herencia en público, pero asegura entre sus íntimos que le están boicoteando la gestión. Como sea, la ciudad está prácticamente igual que hace meses y convertida apenas en la sede central de las trifulcas políticas.

La droga sigue ganando la batalla en Entre Ríos. En los primeros 90 días del 2012 se incautó el doble de marihuana y cocaína, respecto a los 12 meses del año anterior. El hallazgo de cocaína, municiones y armas en un barrio de Paraná dejó nuevamente al descubierto el grado de peligrosidad de las organizaciones. No son más de 6 los jefes narcos en la provincia. Varios de ellos mueven más de 500 mil pesos por semana; tienen “ejércitos” de unas 50 personas en diferentes barrios; se manejan con innumerables chips telefónicos para no ser detectados y cuentan con sofisticado armamento, lo que demuestra el poderío económico y el grado de violencia que tienen. Cada semana, en barrios paranaenses hay aprietes, tiroteos, mejicaneadas, baleados y están dispuestos a matar si es necesario. Mientras tanto, la clase política entrerriana sigue mirando para otro lado.

El oficialismo renovó en el acto de Vélez su respaldo a la Presidenta de la Nación y una vez más intentó recubrir su accionar con un tono épico caro a su iconografía preferida. El gobernador Urribarri, por ejemplo, habló del carácter de “gesta” que a su criterio adquiere el desempeño de la administración nacional. Pero el gobierno kirchnerista incluye a la vez ingredientes que se corresponden con esa pretendida imagen y componentes negativos como ineficacia e inescrupulosidad. El recorte oficialista, naturalmente, apela a lo que más lo fortalece. Pero también habilita a preguntarse si algunos valores desatendidos, como la eficacia o una ética inflexible en el manejo de la cosa pública, podrían ser elementos que convocaran a otra clase de épica. Sólo podría ocurrir en un país diferente, de disímiles valores y distintas prioridades.