Muy preocupado por la usurpación de propiedad pública, el fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, ha emprendido una cruzada para recuperar las tierras fiscales ocupadas en la zona insular del Delta entrerriano. En esta línea, ha avanzado en la posibilidad de pedir la anulación de los títulos de propiedad que, indebidamente, la Dirección de Catastro les habría otorgado a privados sobre lotes que totalizan unas 100.000 hectáreas. El fiscal argumenta que se trata de “bienes de dominio público”, por lo que solicita su restitución. Pero, paradójicamente, el esmero del funcionario para luchar por los intereses estatales no parece ser el mismo para con playa Los Arenales, un predio oficial al norte de la ciudad de Paraná tomado por un empresario ligado al poder. Rodríguez Signes, mediante presentación judicial, se ha empeñado en frenar un juicio que permitiría recuperar este solar para la utilidad pública.