Versión impresa del semanario 09/08/2012

“Alrededor del kirchnerismo hay bastante obsecuencia pero también gente con mucho compromiso”, dijo en una entrevista con ANALISIS el diputado provincial (FPV –Paraná) y secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, Daniel Ruberto. Prácticamente descartó la posibilidad de volver a candidatearse como intendente de la ciudad, aunque dijo que va a seguir al frente del gremio hasta que los afiliados decidan lo contrario. Pronosticó que para cambiar a Paraná hay que industrializarla y señaló que tiene buena relación con los híper y mala con los súper chinos que incluso lo llevaron a juicio. Advirtió que los empleados de comercio ganan entre 2.000 y 3.000 pesos menos de lo que pretenden y que no tiene buena relación con los camioneros porque les hurtaron 270 afiliados. Aseguró asimismo que Urribarri tiene hilo en el carretel como para candidatearse a Presidente en caso de que Cristina desee continuar un mandato más, y finalmente evitó hablar del mamarracho de Casaretto.

Córdoba y Santa Fe, mediante acciones judiciales y políticas, reclaman ante el Estado Nacional por los atropellos estructurales y coyunturales que signan la relación entre el poder central y unas provincias cada vez más subordinadas. Entre Ríos, por ahora, permanece en silencio. Pero el gobierno analiza si al menos puede mejorar su perfil relativo a través de alguna reforma que altere los porcentajes de la distribución secundaria. El urribarrismo considera que hace mucho más de lo que hizo el bustismo frente a la avasallante Nación. Pero desde el Frente Entrerriano Federal se presentó esta semana un proyecto tendiente a denunciar el regresivo Pacto Fiscal firmado por el peronista Moine en 1992. En tiempos de un artiguismo militante, surge la pregunta: ¿qué manda a hacer la historia?

En el marco de averiguaciones emprendidas dentro de una instrucción sumaria realizadas por el tribunal de ética del Colegio de Agrimensura de Entre Ríos, se conoció públicamente que uno de los integrantes que lleva a cabo las requisitorias, fue amenazado a través de un correo electrónico anónimo. La acción derivó en una presentación judicial y el repudio del directorio de la institución. La intimidación se perpetró en el mismo momento que un profesional involucrado en irregularidades detectadas en planos de mensura, se presentaba a un descargo solicitado por sus pares. Las derivaciones del caso investigado involucrarían a varios técnicos del sector. En las pesquisas también se habría comprobado el uso instrumental del Estado para trabajos particulares.

Como un sueño hecho realidad, a comienzos de la década del 40 los habitantes de la capital entrerriana pudieron reconocerse a sí mismos en las salas de cine. Se sintieron así igualados en protagonismo con las luminarias del séptimo arte a las cuales admiraban en las matinés.

La situación de los docentes entrerrianos no es la mejor en comparación con sus pares de otras provincias. Distintos estudios demuestran la caída de los salarios para maestros y profesores de Entre Ríos. Desde Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento hasta la Asociación de Magisterio de Entre Ríos han demostrado con diversas variables que la provincia aporta más de lo que se beneficia en esta relación desigual con un Estado nacional elefantiásico. Las cargas tributarias son cada vez mayores y los aumentos vienen muy lentos tomando como parámetros otros estados provinciales.

La jueza Marina Barbagelata tendrá que definir, a fin de mes, qué sucederá con los imputados por el desvío millonario de dinero en el Senado entrerriano, entre 1995 y 1999. El ex director administrativo, José Crettón Pereyra, fue quien más se extendió en la indagatoria judicial, aunque todo el tiempo buscó despegarse de las irregularidades y consideró que su denuncia es “política”. El ex funcionario es quien más ha mostrado movimiento de dinero en los últimos diez años, tal como lo ha venido revelando ANÁLISIS desde esa época. En la actualidad dispone de dos empresas con sede en Montecarlo (Misiones), donde reside; se dedica a la construcción, los servicios forestales y turísticos; compró numerosas propiedades en esa provincia -urbanas y rurales-, como así también costosos vehículos.

Los catedráticos Luis Lafferriere y Gustavo Lambruschini, los políticos Rosario Romero (peronismo federal), Darío Olivera (Proyecto Sur), Atilio Benedetti (UCR), Carlos Retamoza (comunismo revolucionario) y Lisandro Viale y Emma Bargagna (socialismo); el agrarista Alfredo de Ángeli, y los gremialistas Ricardo Sánchez y Mauricio Castaldo advirtieron desde muy distintos ángulos sobre una peligrosa situación socioeconómica en Entre Ríos y enumeraron prioridades que la actual gestión de gobierno descuida. Ante un sondeo de ANÁLISIS, brindaron diagnósticos sin rodeos, que colocaron al gobernador Sergio Urribarri y a la Presidenta Cristina Fernández en el centro de un debate ineludible. ¿Por qué los aplazos? ¿Qué ven en el horizonte?

Hay quienes lo consideran la única voz autorizada en Montevideo que se opone a cada una de las medidas o proyectos del gobierno que pueden afectar al medio ambiente uruguayo. Enrique Viana (52) es fiscal ambientalista desde hace ya algunos años y no retrocede en sus pasos. Se enfrentó con el gobierno de Tabaré Vázquez, al reclamarle respuestas por el avance de las pasteras Ence o Botnia y sigue ese camino en esta gestión de José Pepe Mujica. En un extenso reportaje con este medio, Viana cuestionó duramente las políticas del actual mandatario nacional, habló de las intromisiones permanentes del poder empresarial de las pasteras en la administración gubernamental y valoró la lucha de la Asamblea Ambiental y Ciudadana del sur entrerriano. “Hubo un antes y un después de la reacción de Gualeguaychú”, remarcó.