El endeble asesoramiento en la formulación de Jury de Enjuiciamiento contra los jueces Daniel Malatesta y Miguel Retamoso, no solo dejó mal parado al gobernador Jorge Busti, sino que además demostró que no se trató de otra cosa más que un burdo intento para desviar el verdadero eje del problema en aquel momento de tensión: la inoperancia de la Policía y de otras reparticiones del Poder Ejecutivo en aquellos casos con algún nivel de complejidad como fue el secuestro y desaparición de Fernanda Aguirre. Para colmo, los consejeros del mandatario amplificaron el papelón en un momento en el que ya no se los necesitaba como “chivos expiatorios”. En los votos hubo fuertes cuestionamientos y se generaron más dudas, con el agravante que Miguel Lencina ya no está, luego de “¿ahorcarse?” frente a policías cuya única obligación era cuidar su integridad. Fueron Roberto Beherán, representante del Colegio de Abogados; y Bernardo Salduna, vocal del Superior Tribunal de Justicia quienes se encargaron de demoler los débiles argumentos de quienes argumentaron a favor del juicio, en especial del diputado Emilio Castrillón, que fue quien más se ocupó (aunque con dudoso rigor), de sostener el pedido de su jefe Busti.