Poderosos a la escuelita

Las condenas a prisión en los casos ligados a hechos de corrupción en la función pública no han sido otra cosa que acciones declamativas. En Entre Ríos nadie pasará una sola noche encerrado por robar millones de dólares de las arcas públicas. Lo que sí se debe traducir en acciones concretas son las condenas especiales para realizar tareas comunitarias no remuneradas en favor de entidades de bien público. Pero como las causas más resonantes todavía tienen varias instancias judiciales, nada obliga a los condenados a cumplirlas aún, salvo el caso del condenado y suspendido intendente Domingo Daniel Rossi. Según un relevamiento de ANALISIS, ya está cerca la hora de ir a una escuela de Santa Elena y ponerse bajo las órdenes de los directivos para empezar a trabajar y también deberá devolver 90.000 pesos en cuotas a partir de este mes. El caso más grave es el del ex senador Mario Yedro, que todavía no está obligado a cumplir la sentencia -de diciembre de 2005- que obliga al decomiso de un campo de más de 2.000 hectáreas, comprado con dinero malhabido. Es que -al igual que el ex funcionario bustista Oscar Mori- la causa sigue enredada en el Superior Tribunal de Justicia donde deberán decidir si queda firme la sentencia antes de iniciar las tareas sociales.