A tres semanas de las elecciones generales, saltó la novedad de que una causa de presunta corrupción millonaria quedaba en reserva, que es lo mismo que decir que se puso en punto muerto. La oposición no dijo nada, el oficialismo se mantuvo en el mutismo siempre cómodo en el contexto de letargo generalizado. Sin indagatorias, sin imputados, sin tomar en cuenta las explosivas revelaciones que se hicieron el libro El Interior, de escritor Martín Caparrós, donde surgía cómo se operaba el desfalco, un juez resolvió la caída de la causa. En ese contexto, la candidatura de Augusto Alasino -lanzada al tiempo en que una causa en su contra por el cobro de una coima era elevada a juicio fuera de la provincia-, pareciera no sorprender ni inquietar a nadie. La inminente y casi segura prescripción de la causa que involucra al ex senador Félix Abelardo Pacayut por el incierto destino de una fortuna millonaria tampoco genera tempestades de reclamo, ni suspiros tan siquiera. Y mucho menos la insólita postergación del juicio por la desaparición de Fernanda Aguirre, cuyos plazos fijados parecen vinculados al tiempo electoral más que a la necesidad que demanda el hecho en sí. Sigue el festival de impunidad, mientras Entre Ríos duerme su siesta eterna.
