Versión impresa del semanario 18/12/2013

El kirchnerismo está terminando el peor año de su dilatada gestión de gobierno, detrás acaso de aquél signado por el enfrentamiento con el campo y que en su momento tuvo en vilo a todo el país. Sufrió un estrepitoso cachetazo electoral; deambula a la deriva con la inflación; y la violencia de estos días generó 14 muertos. El gobierno vive el fantasma de la conspiración permanente y con absoluta desidia, mientras se velaban a los muertos, el gran Fito le metía milonga a la fiesta de la democracia, en la que además bailó la presidenta. En Entre Ríos, el gobernador ganó la elección, pero perdió todos los boletos de su proyección nacional y así comenzó a debilitar su fortaleza política. Inventó un jefe de gabinete para romper con la interna ministerial y su sucesión ya comienza a ser un dolor de cabeza. La crisis le explotó por el lado menos esperado de los estatales y terminó cediendo a la presión policial. Como consecuencia, el resto de los trabajadores estalló y fue por la cabeza de los dirigentes de ATE y UPCN, donde se generaron nuevos hechos de violencia. Ante el primer amague de conflicto, el gobernador metió un asuetazo para no tener gente en la calle y compró tiempo con los gremios tirando las paritarias a enero, con la gente de vacaciones. Al año 2014 le falta otro relato.

La negociación del gobierno provincial con los agentes sublevados dejó un peligroso escenario. Lo que sigue son problemas económicos y financieros. Lo ocurrido en Concordia mostró errores en las fuerzas de seguridad, cuyos resortes debieron actuar con anterioridad para evitar los hechos. Hubo avisos anticipados de desbandes que fueron minimizados en Casa de Gobierno. Sergio Urribarri prometió no sancionar a quienes había llamado sediciosos, pero la Justicia avanza en la pesquisa pidiendo informes a la misma administración para perseguir penalmente a los acuartelados. Lo cotidiano de las pinchaduras telefónicas y la culpa a las redes sociales. Los gremios quisieron debatir salarios y se conformaron con una reforma tributaria que a esta altura ya no les pertenece.

Estaba prófugo desde mayo de 2009. Las víctimas los señalan como uno de los más sanguinarios torturadores en la Policía Federal de Concepción del Uruguay. José Darío Mazzaferri fue detenido la semana pasada en la provincia de Buenos Aires cuando salía de la fiesta de fin de año de su nieta, confiaron fuentes judiciales a ANÁLISIS. Fue imputado por los delitos de allanamientos ilegales, privación ilegítima de libertad y tormentos, en el marco de una asociación ilícita. El año que viene podría ser enjuiciado.

En junio de 2002, al día siguiente de que la Policía asesinara a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en su portada el diario “Clarín” títuló: “La crisis causó dos nuevas muertes”. Así formulada la noticia, la responsabilidad por los crímenes quedaba diluida y el kirchnerismo presentó siempre aquel episodio como una expresión de la perversidad del multimedios. Más de una década después, con al menos 14 muertos recientes en las calles argentinas, la pregunta es quién se hace cargo de los cadáveres. ¿La crisis? ¿La Policía? ¿El gobierno? ¿Las circunstancias? ¿El destino? La Presidenta baila sobre la tragedia y semejante actitud, de haber sido la reacción de un referente de otra expresión partidaria, hubiera merecido del peronismo una estigmatización eterna. Así, curiosamente, la Argentina finaliza en medio de una marcada anomia el tiempo en que debió celebrar de otro modo los 30 años de recuperación de la ley.

La economía y la política se desmadraron en Entre Ríos. El sistema se agrietó con un nuevo elemento que viene a resquebrar lo que hasta ahora el gobierno tenía contenido. Esa grieta en el sistema se dio con la permeabilidad que el gobierno de Sergio Urribarri tuvo hacia el patoterismo de los policías que se acuartelaron en Concordia. En horas, los policías levantiscos lograron lo que no pueden alcanzar los trabajadores estatales por las vías normales y civilizadas, por caso las paritarias. Urribarri se sentó a negociar con una patota que no escatimó insultos y gritos en el momento del encuentro, y terminó cediendo a las presiones. Por si fuera poco se tomó fotos con los policías que hicieron el conato de sedición, festivos y abrazados todos. Ahora los otros gremios dicen que el gobierno admitió de hecho que no se puede vivir con menos de 9 pesos y piden que sean considerados de igual manera. Estallaron las protesta y el gobierno decidió cerrar la administración pública por un mes. Para cumplir la promesa a los policías se echó mano al impuestazo general.

El Hospital San Martín de Paraná, es el principal centro de referencia sanitario de la provincia. Atiende más de una decena de miles de consultas mensuales, además de las emergencias y derivaciones que llegan incluso de localidades de la costa del Uruguay. En los últimos años, el nosocomio fue remozado y ampliado en su capacidad, aunque no siempre puede atender la creciente demanda. La composición de la planta de empleados y su condición de revista, lejos está de ser clara y regular. Representantes de los trabajadores proponen una junta médica y una orgánica para ordenar el funcionamiento, en tiempos que se abre una fuerte discusión por una recomposición salarial.

El senador provincial César Garcilazo nació en Victoria y continúa viviendo en esa ciudad del sur de la provincia. En su actividad privada se dedica a la construcción. Participó tanto en la tarea legislativa como en la ejecutiva. Asegura que mientras fue intendente de Victoria, su ciudad natal creció y que apuntó a convertirla en un atractivo turístico. Además de la política, otras de sus pasiones son la carpintería y la horticultura, actividades que realiza en su tiempo libre.

“Son muchísimos los chicos de los que abusé”, le reconoció a una ex amiga. “Lo hago desde los 15 años”, le acotó. Durante varios años fue funcionario municipal de Cultura y Turismo y abusó a no menos de 40 niños de entre 4 y 12 años entre 1988 y 1995. Pero todo indica que el número podría triplicarse, según investigó ANÁLISIS. Se fue de Urdinarrain en el 2008 y desde entonces está recluido en Villa Libertador San Martín (Puíggari). Después del caso del cura Justo Ilarraz –también denunciado por esta revista el año pasado-, es el más grave de abusos que se conoce en los últimos tiempos en Entre Ríos.