Matar al abuelito

La Caja de Jubilaciones de la provincia está acosada por juicios. A la ex diputada provincial Mónica Torres habrá que pagarle cerca de 130.000 pesos por diferencias no abonadas, en un fallo dividido del Superior Tribunal de Justicia que sentará un precedente. El ex ministro de Gobierno, Darío Quiroga, también está haciendo un reclamo por el pago de antigüedad de sus tiempos como funcionario, tanto en la primera gestión de Jorge Busti como en la administración de Mario Moine y la cifra podría superar los 700.000 pesos, según reconoció a ANALISIS una alta fuente del organismo previsional. Pero, a su vez, hay un lote de unos 200 ex funcionarios, que se jubilaron en el cargo y reclamarían una cuestión similar, a partir del Decreto Número 158, del año 2000, del ex gobernador Sergio Montiel, que estableció un régimen único de antigüedad que incluía a las autoridades superiores no escalafonadas, computándose los años de servicio desde la fecha de matriculación para ejercer la profesión. Ya hubo algunos beneficiados, como el ex jefe de Policía, Ernesto Geuna. El monto demandado sería millonario -lo que se ampliaría a partir del efecto cadena que ello produciría- y causa preocupación tanto en las actuales, como en las futuras autoridades gubernamentales.