Versión impresa del semanario 17/02/2005

Pasaron 13 meses de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final en el Congreso y nueve del fallo de la jueza Federal subrogante de Paraná, Myriam Galizzi, en el cual se declaraba la constitucionalidad de dicha ley. Sin embargo, el llamado a declaración indagatoria de los responsables del genocidio en la provincia de Entre Ríos se sigue demorando. Si bien los militares fueron notificados, presentaron distintos recursos de apelación por lo que resta el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras, en Santa Fe, Rosario, Corrientes y Chaco, por ejemplo, siguen produciéndose avances importantes.

Una Sala de Juicios atiborrada de público. En medio del silencio, más pesado que de costumbre por tratarse del momento en que se iba a leer la sentencia, el presidente del tribunal, con gesto adusto y solemne expresión, dijo dirigiéndose al procesado: “¿Desea usted decir algo antes de escuchar lo resuelto?”. El incriminado, tras ponerse de pie, se acercó al estrado intentando corregir su carraspera producto del comprensible nerviosismo y así respondió: “Su Señoría: es mi más profundo deseo que de ser mi sentencia condenatoria, la cumpla en la Unidad Penal Número 1 de Paraná”.

En una entrevista con ANALISIS, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Edgardo Massarotti, descartó que vaya a ser candidato a diputado nacional en las elecciones de este año. Dijo que con la propuesta de aumento salarial del gobierno provincial, el mínimo de bolsillo para los estatales del escalafón general quedará en una cifra aproximada a los 530 pesos y que se estaría efectivizando con los haberes de marzo. Advirtió que el IOSPER tiene que recuperar potencialidades que le permitan apuntalar y diseñar políticas de salud. Aseguró que no le cree a un radicalismo que tiene dirigentes montielistas en su conducción y saliendo al cruce de ciertas quejas que esgrimen algunos sectores del campo, afirmó que los que más impuestos pagan son los trabajadores por sobre cualquier otro sector. Señaló que no le quedan procesos pendientes de los que le inició la gestión Montiel, salvo el de la quema de la puerta de la Casa de Gobierno que, según le adelantaron sus abogados, este año podría elevarse a juicio.

No poca polémica generó la reforma del Código Penal efectuada por el Congreso Nacional entre gallos y medianoches en una calurosa y larga jornada de diciembre sin siquiera ser debatida en el recinto por ninguna de las cámaras. La Ley Número 25.990, sancionada el 16 de diciembre y promulgada el 10 de enero por el Presidente Néstor Kirchner, establece como únicas causales para la interrupción de la prescripción de un delito el primer llamado a indagatoria, la comisión de un nuevo delito, el requerimiento de elevación a juicio, la citación a juicio y una sentencia condenatoria. Sin embargo, fuentes consultadas por ANALISIS coinciden en que “en la provincia, la reforma no ocasionará la caída de ninguna investigación penal en trámite”.

A 11 años del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a 21 de su nacimiento como grupo, la organización mexicana insurgente que conmovió al mundo cuando se pensaba que el modelo democrático global sofocaba todo tipo de conflictos, avanza en su nueva etapa como movimiento. Tras su irrupción beligerante y el reclamo vía institucional de derechos que los sucesivos gobiernos mexicanos no le reconocen a los pueblos indígenas, la experiencia zapatista se asienta hoy en la constitución de administraciones autónomas. Se trata de las Juntas de Bueno Gobierno establecidas en los poblados que se encuentran en los territorios bajo su dominio en el sureño Estado de Chiapas. En estos pueblos no rige autoridad alguna del Estado federal, poseen un circuito económico paralelo e incluso escuelas propias. En México, aliado “natural” de Estados Unidos y uno de los principales socios del imperio, conviven la plena economía de mercado y comunidades independientes.

Mientras cobran fuerza las versiones que indican que habría una purga mayor en el Consejo General de Educación (CGE), la crisis política que involucra a directores y coordinadores de diversas extracciones internas abre una grieta que permite dar a conocer algunos cuestionamientos a la gestión. Tras el recambio de los vocales Carlos Suárez, Roberto Matteoda y Alejandro Richardet por Víctor Migueles, Víctor Fassi y Ana Pimentel, hoy la mira con la que apuntan los pedidos de renuncia está puesta en una larga lista de funcionarios que encabeza el coordinador General de Planeamiento, Andrés Casaretto. Desde la cuerda floja, algunos se animaron a hablar de una “persecución a compañeros peronistas”.

Los docentes entrerrianos reciben los peores sueldos de la Argentina. Pero éste no es el único motivo que desmoraliza a los maestros. Dicen que desde la sanción de la Ley Federal de Educación en adelante la brecha entre ricos y pobres se amplió, que las escuelas de adultos reciben a muchos jóvenes desplazados del sistema y no tienen concursos ni recursos adecuados, y que el gobierno también toma ámbitos de la educación con espíritu clientelar, y paga facturas partidarias. Afirman que las demoras en la reparación de escuelas echó por tierra los argumentos del gobierno en la defensa de la contratación directa de las obras en lugar de realizar licitaciones, y que la precarización reina en las escuelas con parte de los sueldos en negro y personas que por planes de 150 pesos en negro cumplen funciones de ordenanzas.