Versión impresa del semanario 20/05/2010

Municipios y comunas gobernadas por el justicialismo mantienen la exclusividad a la hora de recibir la ayuda que brinda la Nación para atender desequilibrios financieros. Lo que había sucedido entre enero y octubre de 2009 volvió a ocurrir entre los últimos dos meses del año pasado y abril de 2010. Si bien variaron los montos y se redujo el número de localidades beneficiadas, el listado corrobora esa modalidad. Así se desprende de datos oficiales brindados por el Ministerio de Economía.

En el gobierno entrerriano nada se sabe sobre los más de 25 millones de pesos que se podrían haber cobrado a las empresas que figuraban como deudoras del Banco de Entre Ríos, en la instancia previa a su privatización, cuando el Estado provincial se hizo cargo de ese dinero. A esa conclusión llegaron cuatro fiscales del Tribunal de Cuentas, después de una investigación que demandó casi diez años. No se encontró documentación alguna, pese a que se había designado a un funcionario, específicamente, para que llevara adelante tal instancia de cobro. Ese ex funcionario es Gustavo Borrajo, un hombre muy cercano al ex ministro de Economía, Eduardo Macri, ya condenado por la justicia. Lo cuestionable fue que ni los integrantes de una Comisión Bicameral Legislativa que debía seguir el tema, ni los ex ministros Marcelo Casaretto (PJ), Osvaldo Cepeda (UCR), Oscar Berón (UCR) ni Diego Valiero (PJ) –en las últimas administraciones- se ocuparon de seguir el tema. Pese a que el informe de los fiscales es de febrero, nunca llegó a la Fiscalía de Estado, desde donde se deberá definir si se inician acciones penales y civiles a los responsables de tal desidia administrativa.

Mario Alberto Quinteros dejó el cargo de camarista. El ahora ex funcionario judicial había competido por el cargo en el que se jubiló, pero su promedio no le alcanzó. Fue a la Justicia para impugnar el concurso y tuvo suerte: detuvo cualquier otra designación que lo pudiera correr y tuvo tiempo de terminar su carrera en el lugar que ostentaba. El Consejo de la Magistratura sufrió un desgaste demoledor. El STJ promovió una maniobra, al menos insólita, que no se explicó. Por otra parte, la Cámara de Diputados rechazó una serie de artículos sobre el proyecto en la reglamentación del organismo que evalúa a los jueces, entre ellos la creación de una terna de suplentes. Sí acordó los cambios en la distribución del puntaje.

Nadie en Entre Ríos, salvo el oficialismo, y ahora con dudas incluso, quiere elecciones en marzo del 2011. Los partidos consultados por ANALISIS aseguran que van a concurrir a la invitación del gobernador prevista para el 27 de mayo y de ese modo no caer en la trampa de quedar frente a la sociedad como rehuyendo al diálogo; pero en verdad desconfían del verdadero sentido de la convocatoria. Todos tienen en claro que éste es un nuevo problema de la interna peronista que los ata a ella y en la necesidad de Urribarri de conseguir consenso para modificar lo que se prevé un abrupto cambio de rumbo del oficialismo en ese sentido. Nada puede surgir de un debate, sostienen, si su conclusión no es vinculante y cuando finalmente todo terminará quedando en manos del Ejecutivo, sea la iniciativa llevada adelante por ley o por decreto. Hasta hace segundos, la fecha de elecciones no era un tema importante; hoy, en cambio, es parte de la alerta roja que preocupa a la escudería K. Y por ello, no sería extraño ver ahora al oficialismo dar el gran salto y llamar a elecciones en simultáneo con la convocatoria nacional y restarle de ese modo toda posibilidad de pretexto al bustismo rebelde de querer ir por afuera del partido.

El tratamiento mediático y un cierto cambio de perspectiva ha puesto en debate público la problemática sobre los casos de femicidios que se producen en el país y la región. Si bien se ha producido un avance en la discusión sobre este tipo de delitos –cuyo carácter se halla en la condición de mujeres de las víctimas, las instituciones públicas no han desarrollado mecanismos para situar y registrar este tipo de asesinatos. Desde la Justicia se ha reconocido la necesidad de contar con una categorización que permita evaluar la situación, así como una legislación que pueda acompañar la prevención y sanción. En tanto, organizaciones feministas trabajan en la visibilización del problema a partir del reconocimiento de las relaciones desiguales de género que se gestan desde el ámbito doméstico.

En la provincia los padres comienzan a recurrir a la Justicia contra las medidas disciplinarias que aplican las escuelas con sus hijos. Se trata de la instancia final de un conflicto irresoluble, y el embate puede resultarles favorable. Un caso testigo de Rosario del Tala lo demuestra.

La clave es hasta dónde. El gran asunto es el límite. Lo central es en qué se puede transigir y qué cosa, en cambio, es innegociable. Se enfrentan de modo recurrente a ese dilema los progresistas que, sin ser peronistas, militan orgánica o circunstancialmente en el kirchnerismo. Deben contestarse interrogantes de ese tipo quienes, desde esa ubicación, someten todavía su propia militancia a una evaluación de orden ético.