Versión impresa del semanario 13/08/2009

El proyecto de un complejo turístico con eje en la Isla del Puerto produce controversia en Concepción del Uruguay. Nadie sabe de quién fue la idea, a nadie le parece prioritaria en una ciudad que tiene un tercio de sus vecinos sin agua potable o cloacas, y varias instituciones han manifestado sus reparos. El adjudicatario de la obra es, cuándo no, Lemiro Pietroboni SA. Este informe resume las distintas posiciones que se vienen consolidando entre sectores que se oponen de modo tajante a la iniciativa, otros que proponen modificaciones para mejorarlo y otros que advierten sobre algunos riesgos ante su inminente construcción.

El médico que en la década del ’90 trató de instalar el suministro de crotoxina en pacientes de cáncer de Entre Ríos quedó imputado en una causa iniciada en Capital Federal, por la compra y venta de medicamentos falsos. Horacio Vidal Figueroa, ex clínico de la Policía de Entre Ríos y domiciliado en Seguí, tenía partidas de ampollas supuestamente de crotoxina, aunque en los estudios se determinó que eran alcohol mezclado con ansiolíticos, que únicamente hacían dormir al paciente. Cada ampolla se vendía a 500 o 1000 pesos cada uno y se hacían en el living de la casa de un abogado de Buenos Aires, sin ningún tipo de control. Las graves carencias en torno a la supervisión de los medicamentos y los grandes negociados, nuevamente quedaron al descubierto.

“Los dirigentes de otros partidos que muchas veces nos criticaron y ahora ocupan cargos en el gobierno provincial deberían renunciar y dejar esos espacios al peronismo”, reflexionó a modo de exigencia el diputado provincial y secretario general de UPCN, José Allende (Nogoyá – PJ). En diálogo con ANALISIS agregó que “al justicialismo le sobran candidatos y funcionarios de primerísima calidad”. Habló de sus profundas diferencias con Schiavoni, a quien trató de “obsecuente del poder”, y criticó al intendente de Chajarí, Juan Javier García. Dijo que no hay posibilidades de que vuelvan los bonos pero admitió que puede haber conflictos. Sobre aumentos a los estatales, aclaró que se están haciendo tratativas informales que todavía no pueden hacerse públicas y se mostró contrario a la poca presencia del gobernador en la provincia. Habló de Maya, Alasino, Rossi, Barrandeguy y señaló que Reutemann es una buena posibilidad para la presidencial que viene. Advirtió que los que perdieron tienen que ir a elecciones internas para legitimar su representatividad y negó que tenga diferencias con Cáceres. También aseguró que el peronismo entrerriano no está en descomposición y que al 2011 lo ve como una elección ganada claramente por Busti. Finalmente, aseguró que el radicalismo no se puso peligroso electoralmente y que el peronismo se va a llevar puesto al kirchnerismo.

Nadie pronostica bonos. Nadie vaticina abiertamente un cuadro así de traumático. Pero se aproxima el último cuatrimestre del año y no toma forma la única alternativa verdaderamente seria para enfrentar la delicada situación de la hacienda pública: la reformulación del vínculo que une a las provincias con el poder central. Por más firuletes retóricos que se intenten, la clave del desfinanciamiento está en la distorsión del sistema de coparticipación de impuestos.

El incremento tarifario del servicio de gas natural disparó el número de consultas en la Defensoría del Pueblo de Paraná para asesorarse en cómo reclamar por la inconstitucionalidad del aumento. Pero además de orientar en esta protesta, en el organismo se asiste también a los ciudadanos que no tienen acceso a la red domiciliaria para que puedan obtener una rebaja en el costo de la energía eléctrica. Esta excepción está contemplada en una normativa del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, pero sugestivamente no ha tenido difusión pública. Asimismo, según estadísticas del primer semestre de 2009 sobre el tipo de trámites que se demanda, el 49 por ciento se debe a la vulneración de derechos económicos y sociales; aquí se destacó el problema con los DNI. En tanto, un 29 por ciento se debe a los servicios municipales y un 13 por ciento a atribuciones civiles y políticas.

Desde hace años el Hospital San Martín es escenario de desidia e irregularidades protagonizadas por algunos profesionales que perciben un salario a cambio de simular ejercer una tarea que en realidad no realizan. El Servicio de Rehabilitación del nosocomio no es una excepción, siendo un claro ejemplo de ineficiencia y falta de ética de personas que se dedican a la salud. No es demasiado relevante el número de trabajadores que violan reglas, normas y derechos en su ámbito laboral dado que con sólo unos pocos que hagan oídos sordos a la ética profesional, el engranaje de la institución sufre un golpe notable que padecen los sectores más vapuleados. En este caso las irregularidades referidas tienen que ver con la escasez de espacio y aparatología en relación con la creciente demanda y el ausentismo o, más específicamente, las escenas que montan algunos profesionales que sólo fingen trabajar la cantidad de horas que el contrato laboral les exige, percibiendo por ello alrededor de 2500 pesos o más, con la complicidad de muchos que ven los incumplimientos y no lo denuncian.

El proyecto de ley que pretende regular la cobertura transitoria de los cargos de magistrados de Primera Instancia recibió dos bolas negras en estos últimos días: desde el Poder Judicial y Cámara de Diputados. La iniciativa aprobada por unanimidad en el Senado dejó entrever la desconexión que existe en el ámbito legislativo. En las entidades judiciales estarían de acuerdo con el sistema. Un especialista en asuntos constitucionales puso algunos reparos aunque no ve motivos para vetar la aplicación del mecanismo propuesto para designar jueces. Las deudas de la nueva Constitución y un debate que no se quiere dar. Otra vez el conflicto entre poderes.