Guillermo Bolatti, arzobispo rosarino, sabía de las detenciones arbitrarias y la represión ilegal desatadas en Villa Constitución a partir del 20 de marzo de 1975 y no hizo nada para aliviar la situación de los perseguidos. Se negó a respaldar al entonces obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, y lo dejó solo en su aventura de pedir una entrevista a Alberto Rocamora, ministro del Interior del gobierno de Isabel Martínez de Perón. Dos años después, Ponce de León era asesinado en la ruta a la altura de la localidad bonaerense de Ramallo, cuando se disponía a llevar los papeles de la represión ilegal en el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de la provincia de Santa Fe. Todo esto se desprende de las investigaciones que se están llevando a cabo en el Juzgado Federal de San Nicolás, a cargo del doctor Carlos Villafuerte Russo, con la participación del fiscal subrogante, Juan Murray. En estas causas comienzan a verificarse los trabajos conjuntos de los comandos del primer y segundo cuerpo de Ejército y las demás fuerzas de seguridad de Buenos Aires y Santa Fe, como también los intereses privados beneficiados con la sangre derramada.