Versión impresa del semanario 22/06/2012

“En Diputados sufrimos la prepotencia de la mayoría, pero eso no nos amilana y ya hemos dado pruebas suficientes de que no nos van a llevar por arriba”, aseguró el diputado provincial del Frente Progresista Cívico y Social (FPCS - radical), Agustín Federik, en una entrevista con ANALISIS. Denunció que el radicalismo está censurado por el ministerio de Báez y dijo que ya no lee más El Diario. Con sutilidad, criticó a Ricardo Troncoso y señaló que Atilio Benedetti no es políticamente un pecho frío. Advirtió que lo más peligroso de la actual gestión Urribarri es el endeudamiento y a su vez que el gobierno condiciona al IOSPER con su manejo económico, sin descartar que ello pueda ser una maniobra para intervenirlo. Aseguró que la gestión de Osuna en estos seis meses es peor que la de Halle y opinó que hay que tomar muy en serio la proliferación de la droga en Paraná. Finalmente, señaló que con la postergación del congreso ganaron todos los radicales y que los intendentes de su partido están siendo discriminados.

El cambio que Paraná viene experimentando en su fisonomía urbana desde hace algunos años tiene costos para muchos vecinos de la ciudad. Las empresas constructoras de edificios, beneficiarias de un insuficiente control de obra municipal, han reducido sus recaudos a la mínima expresión, ocasionándoles a los propietarios de viviendas linderas pérdidas importantes que pocas veces son reparadas. Profesionales de distintas áreas coinciden en que este tipo de situaciones ya constituyen una tendencia.

El lanzamiento de una multimillonaria línea de créditos para viviendas trajo a la superficie informativa un problema de larga data: la falta de terrenos urbanos donde construir viviendas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anticipó que echarían mano a terrenos pertenecientes al Ejército para destinarlos a tal fin, aunque en la fuerza ya han expresado solapadamente el malestar por esa intencionalidad oficial. En Entre Ríos existe una lista de tierras ociosas, que pertenecen a la fuerza nacional, pero entre lo que ya se transfirió a la sociedad civil y lo que queda en los ejidos urbanos no es mucho. En Paraná, tras la compra de más de 130 mil metros cuadrados de terrenos castrenses para la construcción de sedes universitarias y un hospital, no quedan más de 64 hectáreas utilizables. Sin embargo, el Ejército mantiene valiosos campos en las mejores zonas de Entre Ríos. El principal de ellos se llama Establecimiento General Urquiza, donde crían ganado vacuno para engorde y siembran soja y otras oleaginosas en una extensión de casi 5 mil hectáreas. El campo está valuado en 30 millones de dólares, sin contar el precio de las 2.700 cabezas de ganado que posee en su interior. Otra de las propiedades castrenses destacadas es el haras que se ubica entre Paraná y Oro Verde, con un valor de mercado que supera holgadamente los 5 millones de dólares. Esos son solo dos de los campos del Ejército que existen en esta provincia, en un conjunto aún mayor, como se muestra en la presente nota.

Alfredo Ibarrola es el actual secretario de Cultura de la Municipalidad de Paraná. Toca el piano desde los 5 años y dice que es su lenguaje preferido para comunicarse con la gente. Cuenta que para componer tiene que “estar de buen humor, tener buena energía y una actitud positiva”. Reconoce que se recibió de contador por un “mandato familiar”, pero que su vocación siempre fue la música, que lo llevó a “conocer gente, hacer muchos amigos y viajar”.

Más de diez años después de la denuncia, el ex vicegobernador Héctor Alanis y varios de sus lugartenientes en el Senado de 1995 al 1999, tendrán que acudir, por primera vez, ante la Justicia entrerriana para ser indagados por el desvío de más de 20 millones de dólares en los últimos años de ese período, a través de una “cuenta fantasma”. En el escrito del procurador general del STJ, Jorge García –al que accedió ANÁLISIS- y que sirvió de base para la acusación de la fiscal Laura Cattáneo, se hacen duros cuestionamientos a la etapa de instrucción de “un hecho institucional gravísimo” -que en principio lideró el ex juez Héctor Toloy-, como así también a los auditores del Tribunal de Cuentas, a quienes acusó de ejercer “un ciego control”. Alanis, su sobrino Maximiliano, el ahora millonario Crettón Pereyra y los ex senadores radicales Humberto Ré y Elcio Viollaz, tendrán que comparecer el 29 de junio ante la jueza Marina Barbagelata.

Rodrigo Tomasso, director de Efectos Visuales de la película El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella y ganadora del Premio Oscar, brindó una charla libre y gratuita en el auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes, en Paraná. La actividad fue organizada por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) junto al Ministerio de Cultura y Comunicación, a través del Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER). Además de brindar una capacitación técnica, en ese marco valoró que la provincia esté a tono con los avances que propone la política nacional en Televisión Digital Abierta, y destacó ver a muchos jóvenes entusiasmados por formarse cada vez más en los principios de la tecnología audiovisual.

Poeta, ensayista, historiador, artista plástico, animador cultural, investigador, ceramista, impulsor entusiasta de otros creadores... Un repaso por algunas de las muchas actividades que lo tienen como protagonista muestra el momento de plenitud que está atravesando y que le permite sentirse “realmente contento”. Entre otras iniciativas, acaba de visitar (nuevamente) a la comunidad Mbyá y termina un proyecto seleccionado por la Unesco, en el que ilustra nada menos que mil y un libros para ser expuestos. Pasen y vean.

Jugó en las inferiores de San Lorenzo pero se tuvo que volver porque su familia no lo podía mantener en Buenos Aires y trabajó en la verdulería con su papá mientras soñaba con ser futbolista. Cuando volvió a Universitario lo echaron de la primera práctica por “insoportable”. Cambió, se esforzó y armó una carrera deportiva tan única como extraña. Firmó contrato a los 25 años, algo poco común. Hoy es un referente indiscutido del equipo y el jugador más querido por la hinchada. Humilde y cabalero, Leo Acosta se aferra a los suyos para seguir en el camino correcto. “El fútbol es muy ingrato, hoy tengo un presente muy lindo pero en cualquier momento ese buen momento se va y llegan las malas. Entonces, ahora no me puedo olvidar de aquellos que estuvieron conmigo. Por eso mi familia y mis amigos son todo para mi”, dijo.

El trato deferente que la administración kirchnerista prodiga al gobernador Urribarri reactualiza la hipótesis de su proyección nacional. Su nombre, oportunamente mencionado como posible compañero de fórmula de la Presidenta, vuelve a sonar entre los de quienes imaginan un ascenso en la escala del poder. ¿Aspira Urribarri a integrar una fórmula nacional? Sí. ¿Puede? Está en duda. Cuenta con aliados y cierto contexto puede jugarle a favor. Pero suma también un adversario con poder de veto: La Cámpora. De última, afirman en voz baja allegados al gobernador, siempre quedará el recurso de intentar un tercer mandato. Es el Plan B.

Flechabús fue beneficiada nuevamente este mes con la promesa de créditos del Bicentenario, a bajas tasas, para construir carrocerías. El anuncio se difundió en el mismo instante en que los trabajadores de los colectivos denunciaban los riesgos que genera a obreros y usuarios la absorción de los servicios por un monopolio, y golpeaban infructuosamente las puertas del ministro Adán Bahl para pedir que se investiguen las persecuciones y atentados que sufrieron por denunciar el incumplimiento de convenios e intentar la fundación de un nuevo gremio independiente (UCRA), cuyos directivos fueron echados por el monopolio. Un ejemplo de cómo el gobierno apaña al cártel y a la burocracia sindical (UTA) para que conjuguen los verbos acaparar, amedrentar y escarmentar.

En Entre Ríos aún rige la Ley Nº 3.815 de Contravenciones Policiales. La norma habilita a la fuerza de seguridad provincial a detener a ciudadanos por faltas menores, sancionarlos con días de encierro o imponerles multas. Las cifras oficiales indican un promedio de aproximadamente 350 arrestos mensuales, aunque se estima que pueden ser más. Impugnada por inconstitucional, penalistas apuntan a una reforma por la cual en los procedimientos por estas infracciones se guarde el debido proceso e intervenga la Justicia.