Versión impresa del semanario 10/08/2006

El Consejo General de Educación es un territorio minado por las internas, las luchas por poder y las pulseadas por el manejo de los recursos. Ha sido una constante de antecedentes con fecha incierta, perdida en el tiempo. La asunción de Jorge Kerz en la presidencia abrió un tiempo de relativa tranquilidad en el ámbito de la comunidad educativa, lo que permite disimular las feroces internas. Sin embargo, durante las últimas horas el titular del organismo pidió a la Fiscalía de Estado que intervenga el Área Legal, con el perseguido objetivo de que sus resoluciones sean avaladas institucionalmente. La falta de respaldo político ya había quedado patentizada, hace un mes, cuando Kerz fue la figura ausente en la charla que dio en Paraná el ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus. “En toda provincia normal la autoridad máxima en materia educativa recibe a los ministros, pero no estuve en el acto de Filmus porque nadie de mi gobierno me invitó”, se había quejado en aquel momento. Por estas horas, Kerz denunció la desaparición de un expediente que disponía una medida contraria a la pretendida por los vocales. El CGE constituye un universo de recursos económicos y humanos que nadie quiere descuidar en tiempos de campaña proselitista.

Las confesiones realizadas por el ex funcionario bustista Oscar Horacio Mori despertaron importantes repercusiones a nivel político en la provincia, con expresiones de repudio desde distintos sectores sociales, generando inclusive la reactivación de la causa judicial por corrupción en la Cámara de Senadores en la que está involucrado, entre otros, el ex vicegobernador Héctor Alanis. Tras las revelaciones de Mori a Martín Caparrós para su libro El Interior, ANALISIS realizó una ronda de consultas con distintos dirigentes políticos, sociales y gremiales con una pregunta común: “¿Por qué creen que Mori dijo lo que dijo?”.

A más de un año de quedar vacío el cargo titular de la Defensoría del Pueblo de Paraná, los concejales no han podido escoger uno nuevo y un grupo de candidatos exige una definición. La elección había sido evadida mediante una resolución del propio Concejo Deliberante en mayo último con el argumento de que “no hay criterios de selección”. Tanto desde el justicialismo como de la Concertación Entrerriana abogan por la redacción de otra ordenanza para saldar la controversia en el nuevo proceso, en tanto desde el bloque del Frente Social (UCR) se inclinan por cerrar la discusión con la norma en vigencia. De los postulantes que quieren ya un dictamen se evaluó que la dilación es una “falta de respeto”, se planteó una suerte de ilegalidad de la acefalía y que representa un “costo político” que alguien “va a pagar”. Además, adelantaron la posibilidad de iniciar acciones legales, penales y civiles, contra los ediles.

Patti y su amor por los entrerrianos

Las expresiones y exposición mediática de Sergio Alberto Montiel registradas en los últimos días, con visibles propósitos justificatorios de su acción de gobierno, sugieren algunas útiles aclaraciones. Apenas un año había transcurrido desde el inicio del tercer mandato de Jorge Busti, cuando dos ex ministros radicales (de Economía y de Gobierno, Justicia y Educación) salieron públicamente a reivindicar la gestión montielista (sigue en el interior).

-Legitimidad. El abogado paranaense Julio Federik sostenía, en oportunidad de ejercer la defensa del condenado intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ), que los fondos mal habidos se volcaron hacia las campañas políticas y en ningún momento en beneficio personal del imputado. Sobre esa lógica, pretendía que el tribunal asumiera el criterio de que, como no había enriquecimiento personal, no había delito.

Veinte especialistas de la Universidad Nacional del Litoral auscultaron y revelaron, a pedido de la Oficina Anticorrupción de la Nación, numerosas grietas por donde puede colarse la corrupción en el Estado provincial. Señalaron que las normas no ayudan en la prevención, que la Oficina Anticorrupción local carece de autonomía elemental, su jefe no tiene siquiera estabilidad y no cumple prácticamente ninguno de los enunciados de esa Oficina. Los expertos apuntaron que la selección de empleados públicos roza lo “clientelar” y que las declaraciones juradas de los poderosos están prácticamente escondidas, en un sistema inútil. Advirtieron que el gobierno no publica algunos decretos, que esquiva demasiadas licitaciones, y que los sistemas de compras son permeables a las irregularidades... Más de 700 páginas de una radiografía técnica que sorprende.

“La deuda pendiente del gobierno provincial es mejorar la parte administrativa para agilizar las soluciones que la burocracia demora y distribuir mejor el ingreso”, afirmó ante ANALISIS el diputado provincial enrolado en los denominados rebeldes, Rubén Adami (PJ-Colón). Sobre la interna justicialista dijo: “Necesitamos que el candidato se elija por consenso y no por imposición” y agregó que todavía no hay ningún acuerdo con Solanas. Destrozó a Jourdán y a Zacarías; al primero lo calificó de mercenario, apretador y de enriquecerse con la política, y del segundo dijo bajo un eufemismo que es una veleta. Con relación a que haya dos peronismos electoralmente hablando, aseguró que es posible si no hay reglas claras y que, llegado el caso, Enrique Cresto bien podría ser el vice del actual intendente de Paraná. Se mostró tranquilo de conciencia porque garantizó que no juega en política desde el saco de Busti y que el cupo es discriminatorio.