Versión impresa del semanario 01/10/2009

El caso del ex basquetbolista paranaense Enzo Benedetich es otro crimen por encargo. Tres disparos malograron su vida, en un buen momento de su vida. Queda claro que alguien contrató a un ejecutor para el asesinato, pero el escenario está plagado de dudas. Al parecer, el ex deportista conocía a su victimario, pero hasta el momento no surgen datos concretos que puedan determinar su identidad. ANALISIS trató de reconstruir las últimas horas de la víctima y cada uno de los detalles del hecho, que terminaron con una tragedia que conmocionó a la comunidad deportiva y a varios sectores sociales de la ciudad.

La provincia pasó de la mejor cosecha a la peor de todas, este año, pero apuesta a que la próxima trilla bata todos los récords conocidos en volumen de soja y en recaudación del estado nacional. La caída estrepitosa de la producción (los números asustan) y la continuidad de políticas adversas para las pymes conforman el nuevo/viejo escenario de la esquizofrenia productiva entrerriana y argentina. La provincia y los municipios no logran responder a las demandas salariales mínimas, que se expresan en crecientes marchas callejeras, y a la vez dejan el grueso de la producción y el comercio en manos de la voracidad de las multinacionales y de los vaivenes de la Casa Rosada. Aquí se enumeran las medidas reclamadas por empresas entrerrianas del comercio y el campo, y los raros beneficios que apuntalan, contra toda lógica, a los grupos concentrados.

Conocer cuáles son las obras públicas que se financiarán con los derechos de exportación de la soja y en qué estado se encuentran los proyectos no es nada fácil. En eso incide la falta de respuesta a un pedido de información pública que se presentó ante un organismo oficial y fue derivado a otro. A raíz de la demora infundada se formuló una denuncia ante la Oficina Anticorrupción y Ética Pública.

“No estoy de acuerdo con la pena de muerte ni con aceptar que un violador es incorregible si no me lo demuestran científicamente”, aseguró en una entrevista con ANALISIS el integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Chiara Díaz. Dijo que en nuestra provincia no ve a esa delincuencia que mata aunque uno quiera entregarle todo, como sucede en otros lugares del país. Abordó temas como prostitución infantil, violencia familiar y lo que aporta la droga a la delincuencia. Respecto a quienes llevan tras de sí una condena, advirtió que “en las condiciones existentes el que no reincide hoy en día, es casi una especie de súper héroe”. Aclaró que alrededor del 90 por ciento del presupuesto de la Justicia se va en sueldos y que mientras un ingresante gana unos 2.500 pesos por mes, un integrante del STJ cobra 17.000 pesos. Explicó por qué a las cárceles van a parar en general sólo los pobres y por qué tener un arma para defenderse puede incitar a más violencia. Afirmó que el pedido de jury a Malatesta y Retamoso fue puro oportunismo y que el tema habría pasado a archivo. Finalmente, dejó su interpretación respecto al porqué casi nunca llegan a conocerse el final de muchas de las denuncias resonantes que vienen sacudiendo a nuestra provincia.

La institucionalidad que en forma creciente acentuó la dependencia con el poder central genera en las provincias un correlato en el modo de construir políticamente. Los espacios estrictamente locales se han ido diluyendo y en el seno de los partidos tradicionales se mira más hacia arriba que hacia los costados: se acumula más desde una referencia nacional que desde las particularidades territoriales. A nivel de imágenes, de fotografías de la realidad, en Entre Ríos eso quedó evidenciado por estos días con la presencia de la Presidenta de la República y con la llegada de referentes nacionales del radicalismo que virtualmente dieron la señal de largada para que Atilio Benedetti blanquee sus aspiraciones de cara al año 2011.

Así se sienten los representantes de la sociedad civil en el Consejo de la Magistratura. Los cambios en la conformación del organismo y el retaceo de puntaje de la etapa Entrevista Personal los pone en un lugar de debilidad. Defienden el funcionamiento y, contrario a lo que se dice, creen que las demoras en el nombramiento de magistrados son parte de “un conflicto de poderes”. Para el Ejecutivo sólo cabe una crítica: la ausencia de un secretario de Justicia. No comparten algunos puntos de la ley reglamentaria que tiene media sanción de Diputados. Van por cambios en el Senado.