Versión impresa del semanario 20/04/2011

La industria automotriz vuelve a arrojar estadísticas récord. De acuerdo a datos de la Dirección General de Rentas, en tres años subió casi el 100 por ciento el registro de nuevos motovehículos en la provincia y se incrementó –entre 2007 y 2010– un 28,79 por ciento en automotores; una tendencia que continúa en el año en curso. En total, Entre Ríos cuenta con 647.674 vehículos matriculados en circulación, siendo Paraná el distrito que lidera holgadamente adquisiciones y transferencia de usados. El crecimiento del parque automotor plantea un serio desafío para la organización del tránsito en el microcentro de la ciudad.

El defensor oficial del Juzgado Federal de Paraná, Juan Carlos Ferrari, ocupa ese lugar desde mediados de 1976, por relaciones con el general Juan Carlos Trimarco. Sin embargo, nunca fue cuestionado por su rol. En 1982, como fiscal subrogante -de acuerdo a documentación a la que accedió ANALISIS-, pidió abultadas condenas de prisión a militantes políticos, en base a información falsa de los servicios de inteligencia de la dictadura, en la que incluso se citaban movimientos de dirigentes secuestrados, asesinados o desaparecidos por el gobierno militar, como Mabel Fontana y Beto Osuna, entre otros.

Mostró su costado exultantemente triunfalista frente a la oposición y reclamó puertas adentro y entre líneas su lugar en la candidatura a vicegobernador de la provincia dentro del peronismo oficial, advirtiendo que los acuerdos rotos pueden tener un alto costo. José Cáceres es una voz autorizada del gobierno tanto en su condición de funcionario como de presidente del justicialismo, pero eso no tiene su correlato de peso en lo que hace a sus declaraciones mediáticas. La falta de apego, quizás, a trabajar formalmente en ese sentido lo posiciona como un disparador espontáneo de cuestiones que, sin embargo, tienen raíz y desarrollo. Será contundente a veces e insustancial otras, pero nada de lo que diga puede ser tomado como producto de una distracción peronista y mucho menos cuando sale a ocupar el centro del ring.

Una escena. Vale por el contexto, no por los detalles del episodio, la conmocionante imagen de un individuo clavándole un cuchillo a otro en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires. El contexto es la disputa en torno de la seguridad que, irresponsablemente, mantienen desde hace tiempo el gobierno nacional de Cristina Kirchner y la administración porteña de Mauricio Macri. La dinámica de la discusión, cuya liviandad se potencia a partir de los sucesivos pasos de los actores, obliga a optar entre la deserción estatal y la seguridad privada. El gobierno nacional priva a los espacios públicos de efectivos policiales en base a argumentos economicistas propios de los años noventa. El Pro gobernante, por su lado, termina optando por la seguridad privada. Es el hambre y las ganas de comer. Puede que el esquema de la discusión no refleje acabadamente el gran escenario nacional, que las posturas puntuales no representen exactamente situaciones más amplias, pero en sí mismo el incidente es una expresión de pobreza. La noticia obliga a optar entre dos males.

El paso del Rally Dakar por Entre Ríos no sólo generó interés en los aficionados al automovilismo. Fue también una oportunidad para difundir atractivos de la provincia. Así lo entendió la Secretaría de Turismo, que dejó en manos de una empresa con sede en la provincia de Buenos Aires las actividades de promoción. La contratación fue dispuesta a través de una adjudicación directa y pagada en parte por el gobierno nacional. Cuatro días después de ese acuerdo la firma contratista celebró otro convenio con la gestión del gobernador, Sergio Urribarri.