Versión impresa del semanario 09/03/2006

Luego del fallo que dio por tierra con la esperanza de que impidiera el paso de los camiones hacia Botnia, el juez federal de Concepción del Uruguay dispuso una batería de medidas para determinar “de manera fehaciente” si los proyectos en construcción en Fray Bentos cumplen con el derecho vigente en materia ambiental. Son, paradójicamente, varias toneladas de papel las que deberán llegar.

Los tiempos transcurren y las relaciones del poder político con la comunidad cobran nuevas formas participativas. Pero muchas veces ello no pasa de ser una mera formulación, porque ese propósito de integración llamado a sostener el desarrollo y el progreso de una ciudad, no sirve si desde el centro de las decisiones políticas y de los serios y profundos debates de ideas, planes y proyectos, no se tiende la mano para el diálogo, la propuesta y aun la misma crítica que ayuda a rectificar errores y corregir desaciertos. (sigue en el interior)

Alrededor del conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de las pasteras en Fray Bentos existen varios escenarios. Muchos de ellos se comentan, pero no se hablan públicamente, por temor, reserva o simplemente negación. ANALISIS trató de construir y desarrollar cada uno de ellos, donde aparecen un posible diálogo presidencial o una paralización de la protesta o las pasteras, pero también una eventual renuncia de Jorge Busti que, sin dudas, arrastraría también al vicegobernador Pedro Guastavino, por el hecho de ser de Gualeguaychú. Los costos políticos –a partir de la presión del gobierno nacional o una orden de reprimir la protesta- pueden existir y ser determinantes, si es que no se llega a una solución.

"Los temas pendientes que el gobierno tiene con los estatales esencialmente son: el Régimen Jurídico Básico, la insuficiencia salarial y la lentitud para resolver cuestiones ya definidas", aseguró en entrevista con ANALISIS el secretario general de ATE, Edgardo Massarotti. Dijo que en el 2007 termina su mandato y vuelve a su trabajo y que no va a ser candidato a nada, sólo a convencional si prospera la Reforma Constitucional. Consignó que las tensiones salariales van a comenzar a sentirse este mes y se mostró esperanzado en que la memoria de la sociedad no permita el retorno de Montiel al mundo de las candidaturas. Aclaró que existe una oposición lamentable que no encuentra la manera de ejercer su rol y se mostró escéptico ante la posible formación del polo socialdemócrata. Señaló que la causa por la quema de la puerta de la Casa de Gobierno está en su etapa final y podría ir a juicio en poco tiempo. Afirmó por último que evidentemente detrás del decreto de Busti destinado a prorrogar las elecciones en el IOSPER está la mano de Allende. "Tal vez -señaló a modo de interrogante- necesiten tiempo para tapar algunas cosas".

El argumento del gobierno nacional para modificar la conformación del Consejo de la Magistratura alumbró la ilusión de algunos sectores de Entre Ríos para avanzar en un cambio en igual sentido en el organismo provincial. De ese modo, propician su incorporación en el consejo que se encarga de evaluar a los aspirantes para los cargos de jueces, fiscales y defensores. La reciente condena al ex funcionario bustista Oscar Mori sembró la alarma entre la dirigencia política, en cuyo seno se hizo más evidente el interés por retomar las riendas en la designación de cargos claves del Poder Judicial. Tanto desde espacios legislativos del oficialismo como desde el seno del Superior Tribunal de Justicia se han dado señales claras de que están buscando la permeabilidad necesaria para ingresar al Consejo de la Magistratura. Esta suerte de embestida es resistida desde otros espacios del oficialismo, incluso, que busca imponer su voz sin dejar de considerar, no obstante, que el gobernador –quien tiene la decisión final sobre posibles cambios– “está en varias partes y escucha varias voces”. Busti no ha dado señales claras de avalar esos cambios, aunque sí reveló que su idea es hacer modificaciones en el Jurado de Enjuiciamiento, el organismo constitucional que se encarga de evaluar la conducta de los funcionarios de la Justicia.

Los disquetes de Kerz