Versión impresa del semanario 25/08/2005

Una sana práctica política aconseja que los que ocupan importantes cargos deben tener incorporado como atributo esencial el respeto y la ponderación frente a todos los sectores de la sociedad y tener un especial cuidado en el nivel de cada discurso para que el debate de ideas no supere los límites básicos de la razonabilidad (sigue en el interior).

Si algo le faltaba al alicaído fútbol local era esta nueva mancha que atenta contra su progreso y redención en el tiempo. Tres árbitros fueron agredidos el fin de semana en escenarios de la capital provincial y ante la negativa de los jueces de presentarse a dirigir debió suspenderse la jornada. La medida fue totalmente respaldada por la Mesa Directiva de la Liga Paranaense de Fútbol. La situación no da para más. ¿Qué van a esperar los directivos?, ¿qué se produzca un hecho luctuoso dentro de un campo de juego? El tiempo dirá si se hicieron bien las cosas o si estas decisiones son sólo parches que no alcanzan a tapar todos los agujeros.

Actualmente la causa que se tramita en el Juzgado Federal de Paraná por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar está prácticamente paralizada mientras se dilucida si los imputados serán juzgados bajo el antiguo código escrito, como reclaman los militares involucrados; o a través del nuevo oral y público, como plantean las víctimas. Eso se resolverá en una audiencia prevista para el martes 30 de agosto próximo. Además, la causa tiene otra particularidad: por haber sido recusado el juez Federal Aníbal Ríos, y ante la excusación del subrogante, no hay quien resuelva los trámites paralelos al expediente principal. Chicanas y artilugios jurídicos se mezclan en un trayecto que tarde o temprano terminará por castigar a los responsables de la más sangrienta etapa de la historia argentina.

A pesar de la renuncia forzada de la ex ministra de Salud, Graciela López de Degani, aún se mantiene en el Hospital San José de Federación la estructura recaudatoria construida por un grupo de profesionales, que llegaron de la mano de la Dama de Hierro. Durante el año pasado y en lo que va de 2005 hubo casos de médicos que hasta ofrecieron el servicio de Delivery, es decir, ir personalmente a buscar a los pacientes para cobrarles la atención médica, a pesar de estar prohibido.

“Chajarí debe traspasar las barreras de tener un diputado o un senador. Las representaciones chajarienses deben ser mayores tanto a nivel provincial como nacional”, afirmó a ANALISIS el intendente de esa localidad del departamento Federación, ingeniero Juan Javier García. Dijo que el principal problema de la ciudad es la parte de saneamiento y que la inseguridad tiene hoy límites tolerables, aunque también sufren el flagelo de la droga y el alcoholismo. Aseguró que la desocupación es sensiblemente menor que en otros lugares pero que tienen una gran cantidad de trabajadores en negro. Advirtió que encontró una ciudad prácticamente devastada y que la gestión radical le dejó, entre otras cosas, una deuda de 300.000 dólares por una obra de pavimentación. Señaló que tiene una hoja de ruta semanal que incluye Buenos Aires y Paraná y que no permite que nadie haga las gestiones que le competen al intendente, y agregó en ese sentido que el diputado nacional Carlos Cecco no ha hecho absolutamente nada ni por Chajarí ni por la región.

Inacción e indefinición son las características que marcan el proceso por el cual desde hace mas de un año y medio se sigue discutiendo la exoneración del concejal de Paraná Mauro Almada del ámbito municipal. Al parecer, habría estado inhabilitado por la Ley Orgánica de Municipio 3.001 para ser concejal y ejercer el cargo, ya que alquilaba dos centrales telefónicas a la comuna, al momento de asumir. El caso denunciado por Roberto Sabbioni en sede tribunalicia, sigue demorado en el despacho del Juzgado de Instrucción Número 2, cargo de Jorge Barbagelata, donde la fiscal Lidia Taleb aún no ha resuelto el tema. Los abogados patrocinantes de Sabbioni, no descartan iniciar presentaciones para reclamar la definición. Sin embargo, y a pesar del proceso judicial que se tramita, Almada presentó una nueva propuesta comercial, esta vez bajo el nombre de Tech Comunicaciones, dirigida al ministro de Gobierno de la provincia, Sergio Urribarri.

-Realidades. Según números del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el 56,4 por ciento de los menores de 18 años son pobres (7.730.708) y el 23,6 por ciento son indigentes (3.234.835). La medición de la Encuesta Permanente de Hogares se sigue haciendo con la información proporcionada por la encuesta de gastos de los hogares correspondiente al año 1988.

La fábrica de tejas y ladrillos Coceramic de Paraná es una de las tantas empresas recuperadas por sus trabajadores a principios de los 90. Es la historia de obreros que, de la noche a la mañana, debieron hacerse cargo de los destinos de un emprendimiento que les asegurara un sustento. Actualmente constituida en cooperativa, la firma da de comer a 73 familias, pero se ve seriamente amenazada por reiterados pedidos de quiebra por deudas que suman unos 700.000 pesos y ponen en peligro la continuidad de la producción. Según se afirmó, esta carga se generó en 1999, en un período de gestión “externa” que, tras su expulsión, hoy reclama honorarios. Las maniobras de demanda parecen no ser inocentes y tendrían como objetivo liquidar la fábrica. Frente a las constantes intimaciones, los asociados resisten y acumulan pruebas para denunciar penalmente a los ex gestores, entre los que se encuentra un alto funcionario del gobierno provincial.

Una investigación del doctor Jorge Adolfo La Rosa, residente en la ciudad de Reconquista, aporta un nuevo análisis sobre los episodios acaecidos el 11 de abril de 1870, cuando asesinaron al general Justo José de Urquiza. En su libro Él no mató al general Urquiza este abogado y juez retirado efectúa un estudio jurídico procesal sobre el juicio que se realizó al único procesado por este hecho: el capitán José María Mosqueira. En su publicación, La Rosa indaga y muestra que Mosqueira no fue la mano matadora del vencedor de Caseros, aunque participó de los sucesos aquella noche, y pone en evidencia otros entretelones en los que aparecen las verdaderas responsabilidades y operaciones de ocultamiento. ANALISIS presenta parte de este material exclusivo y una entrevista con el autor.

Visita sorpresiva

Una buena Ley de Aranceles y un contexto de conflictos y crisis es el abono ideal en el que germina la industria de la demanda. La Ley 7.046, que regula el modo de fijar los honorarios de los abogados entrerrianos, es envidiada por los profesionales de otras provincias. Apenas nacida la democracia en 1983, la corporación de los hombres de leyes logró la aprobación de una norma que les reservó un lugar de privilegio. Cuanto más se dificulta una causa, mayores serán los honorarios, y esto explica el desmedido enriquecimiento de algunos estudios jurídicos en tiempos de crisis. El privilegio del cobro ante el cliente y ante el propio Estado provincial, el carácter de derecho alimentario que tiene lo que se fija como pago, el interés común de quienes saben de leyes, dejan -en muchos casos- desprotegidos a quienes van a los tribunales en busca de justicia. Por esto mismo, no son pocos los casos donde un demandante gana un juicio, pero todo lo que se consigue en dinero es para su representante. De eso habla esta crónica de la injusticia legal.

El viernes pasado se realizó la charla-debate La masacre de Avellaneda y la lucha frente a la impunidad, con la presencia de Alberto Santillán, padre de Darío, que fuera asesinado junto a Maxi Kosteki el 26 de junio de 2002 en aquella estación de trenes del sur bonaerense. Convocados por la Agrupación Utopía (Facultad de Humanidades de la UADER) y el colectivo Destrampe, se proyectaron videos sobre la represión a la movilización que se acercó al Puente Pueyrredón y que se cobró dos vidas y varios heridos. También se puso en discusión un tema preocupante: por qué hay represión e impunidad en democracia. La charla simbolizó además un acto de desagravio para integrantes de Destrampe, a los que se quiere procesar por unas pintadas alusivas a estos crímenes.

Un dictamen de la Justicia de Entre Ríos promete hacer ruido en el sistema de transporte de pasajeros de todo el país, y en otros servicios, porque declara inconstitucional una norma de la Superintendencia de Seguros de la Nación tras ocho años de vigencia, y al mismo tiempo pone en cuestión una decisión del actual síndico general de la Nación, Claudio Moroni, de conocida vinculación estrecha con el jefe de Gabinete kirchnerista, Alberto Fernández, en tiempos recientes de simpatías menem-cavallistas.

Este fin de semana llega nuevamente el Turismo Carretera, la categoría más atrapante del automovilismo nacional. La expectativa es enorme, tal es así que desde hace algunas semanas la capacidad hotelera está completa. La presencia de este espectáculo pronostica importantes repercusiones en el rubro turístico. “La llegada del TC en Paraná es un movimiento que deja, estimativamente, un monto que alcaza los 2,5 a 3 millones de pesos en un fin de semana”, señaló Romeo Pisano, titular del Club de Volantes Entrerrianos. En el 2003 alrededor de 55.000 personas llegaron a nuestra ciudad, mientras que en el 2004 más de 60.000 fanáticos marcaron el record histórico de visitantes en un autódromo. En Paraná sólo la visita del Papa Juan Pablo II en 1987 pudo reunir tanta cantidad de gente.