Versión impresa del semanario 20/04/2006

"En la próxima elección del 2007 el radicalismo tiene más que sobradas chances para ganar a nivel municipal y muchísimas a nivel provincial, la peor crisis que estamos viviendo es a nivel nacional", aseguró en una entrevista con ANALISIS el diputado nacional Sergio Varisco (UCR-Paraná). Calificó a Kirchner de conservador y aseguró que la candidatura de Busti a intendente de Paraná es parte del permanente zigzagueo del peronismo. Criticó la administración de la gestión municipal de Solanas y dijo que los aumentos de los impuestos y del boleto del colectivo no fueron necesarios. Garantizó que la conducción partidaria no se fracturó tras el exabrupto de Vera, aunque descalificó la manera mediática de hacerlo, y en referencia a Montiel advirtió que hay que completar el proceso de renovación para desterrar viejas prácticas políticas. La UCR tiene que fortalecer su rol opositor, sumar una propuesta de gobierno y ponerse en situación de gobierno, agregó. "Yo me siento capacitado para ser legislador", señaló luego y se mostró absolutamente partidario de conformar un frente político. Finalmente, aseguró que por ahora no trabaja en ninguna candidatura ni electiva, ni partidaria.

El empresario Roque José Carmona continúa detenido en dependencias de la Delegación Paraná de la Policía Federal desde septiembre de 2004, luego de la denuncia efectuada por ANALISIS en junio de ese año, en la que se diera cuenta de una millonaria estafa estimada en unos 40 millones de dólares en Paraguay, donde tiene pedido de captura desde 1999. Pero paralelamente, fue denunciado en la Justicia provincial por el presidente de la empresa constructora Casa Top por la emisión fraudulenta de 755 cheques apócrifos. A pesar de las gravísimas pruebas en su contra, el ex juez Héctor Toloy -antes de su jubilación- le dictó la falta de mérito. Hoy, mientras la Corte Suprema está a punto de resolver sobre el pedido de extradición al Paraguay, la causa en los tribunales entrerrianos ha tomado otra vez impulso, de la mano de un nuevo magistrado. ¿Podrá Carmona evitar la extradición a través de un ardid judicial? ¿Serán las calles paranaenses su refugio o lo espera la peligrosa cárcel de Tacumbú en Asunción? Enigmas que podrían develarse en las próximas semanas.

Denuncias de los últimos tres meses demostraron que los caudillos entrerrianos preferirían no nacer hoy a orillas del arroyo de la China, que Artigas y Ramírez elegirían otro sitio para pelear, lejos de Las Tunas, y que jamás Urquiza y López Jordán prepararían sus ejércitos a la vera del Calá. Demasiada contaminación para tan poca industria, dicen los expertos, y señalan que hasta las plumas de las aves alertan por el mal estado del medioambiente.

Un alto jefe de la cúpula de la Policía Federal es uno de los denunciados en la causa iniciada por el profesor César Román por violaciones a los derechos humanos ocurridas en 1976 en Concepción del Uruguay. De acuerdo a la denuncia, José Darío Mazzaferri –entonces un oficial joven– participó del grupo de tareas que secuestró y sometió a tormentos a un grupo de militantes del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal, entre los que se encuentra el actual subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos.

A la luz del día, los vocales del Superior Tribunal de Justicia reclaman a los jueces celeridad en resolver las causas. Amagan con no dejar jubilar a nadie que esté en deuda con su trabajo, pero lo cierto es que hasta ahora eso nunca fue un dolor de cabeza para los magistrados. Héctor Toloy, un hombre del bustismo en el estrado judicial, pudo ingresar recientemente a su nueva vida de jubilado sin dar mayores explicaciones sobre los motivos por los cuales nunca resolvió las causas más resonantes. Sin embargo, quienes la pasan mal son aquellos jueces que han expresado alguna opinión molesta para el poder político, aún cuando sus juzgados estén prácticamente al día. Tal es el caso de dos camaristas que vieron derrumbarse sobre ellos la tranquilidad desde el momento en que respaldaron la constitucionalidad de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, según pudo determinar ANALISIS. Por estos días, retomó su curso un expediente sancionatorio contra aquellos magistrados que el poder tiene atragantados desde hace algunos años. Muchos de ellos fueron motorizados por abogados con indeleble identificación o pertenencia bustista, como los funcionarios Claudia Mizawak y Marcos Rodríguez Allende.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, recibió a cuatro periodistas especializados en salud del interior del país y allí estuvo presente ANALISIS. En la entrevista, el funcionario nacional planteó las estrategias y líneas de acción que se implementan en todo el país, como los programas de médicos comunitarios, el combate contra la mortalidad infantil y materna, o la prescripción por genéricos y el consecuente uso racional de los medicamentos. Aunque conciente de la tarea pendiente, González García sostuvo: “Debemos redoblar los esfuerzos para la implementación de programas que son prioritarios”. Una de esas prioridades, sin lugar a dudas, es lo concerniente a la política de salud sexual y reproductiva que en Entre Ríos no ha tenido un desarrollo al compás de la política nacional. El perfil de este ministro ha generado varias confrontaciones, y como suele suceder sus palabras no siempre resultan simpáticas; sostiene “más universidad y mejor universidad no es sinónimo de ingreso irrestricto”.

-El IOSPER. Existen escenarios institucionales que transparentan más que otros el juego y disputas que libran los poderes económicos. Esos escenarios y disputas generalmente favorecen a sectores concentrados y por ello también son reveladores del accionar del Estado que debe administrar la cosa pública y dirimir entre los intereses contrapuestos de la sociedad y de las corporaciones del privilegio.

Un grupo de comerciantes colonenses quitó las barricadas que cruzaban la cabecera del Puente Internacional General Artigas y las quemó en la banquina para liberar la ruta. Aunque en un principio no llegó a mayores, puesto que no hubo violencia, estaba latente la posibilidad de incidentes, ya que ambientalistas uruguayenses convocaban a ir en apoyo a sus pares de Colón. Consecuencias del desgaste en “la guerra del papel”.

Los Tratados Anglo-Argentinos de 1990 “constituyen el Tratado de Versailles que se le ha impuesto a la Nación Argentina. Por la Ley del Vencedor en la Guerra de Malvinas. Por la Ley del Acreedor de la Deuda Externa que nos fraguaron y del Plan Brady que la legitimó” (sigue en el interior).